Torreón.— La violencia feminicida que ha quitado la vida a 11 mujeres este año en Coahuila, así como la falta de políticas en prevención, sobre todo del embarazo en adolescentes o la falta de un fondo para la reparación del daño a las víctimas, entre otros puntos, llevaron a colectivos feministas a solicitar la Alerta de Violencia de Género en Coahuila, siete años después de un primer proceso que no se concretó.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que hasta junio pasado sumaban 11 feminicidios en la entidad, la misma cifra que en todo 2023.
Sin embargo, la Asamblea de Mujeres que Lucha por Mujeres, que reúne a diversas agrupaciones feministas, contabiliza 12 casos, según reportes periodísticos.
En la tabla de los 100 municipios con la mayor tasa de feminicidios del país Torreón ocupa el lugar 19, con cinco feminicidios reconocidos de manera oficial. Acuña tiene el sitio 34, General Cepeda el 99 y Ramos Arizpe el número 100.
Si bien, el índice de feminicidios no es alto, esta no es la única razón para solicitar la Alerta de Violencia de Género.
Sofía Díaz, vocera de Mujeres que Luchan por Mujeres, refiere que han aumentado los asuntos de violencia a las mujeres respecto a los que se manejaban en 2018.
Las denuncias por acoso sexual y violación equiparada en los primeros seis meses de 2024 superan a las que hubo en todo 2018.
Las denuncias por abuso sexual subieron 62.8% entre 2018 y 2023.
Sin embargo, las denuncias por violación simple se han reducido y no se han presentado denuncias por violencia de género.
Un delito que preocupa a las agrupaciones son las denuncias y llamadas de auxilio por violencia familiar. De 2018 a 2023 aumentaron 26.4% las denuncias y en lo que va del año suman 6 mil 750 expedientes, según datos del SESNSP.
Díaz dice que las estadísticas de las llamadas de auxilio al 911 no concuerdan entre las que publican el gobierno estatal y el Secretariado. Según esta última instancia, sumaban hasta mayo 15 mil 95 llamadas de auxilio, lo que ubica a la entidad en el cuarto lugar nacional.
Se busca erradicar violencia
Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres en Coahuila, asegura que se está trabajando “fuertemente” en prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con o sin alerta.
Dice que más allá de opinar si es justificable o no la solicitud por parte de los colectivos, lo que buscan es erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres.
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Reconoce que el número de feminicidios ha crecido este año en comparación con el año anterior, pero asegura que todos los casos se han atendido y se han judicializado.
No obstante, Sofía Díaz, de Mujeres que Luchan por Mujeres, señala que no todos los casos de 2022 y 2023 se han judicializado.
Segundo intento en Coahuila
Este es el segundo intento por declarar una Alerta de Violencia de Género en Coahuila. Ya en 2017, activistas la solicitaron, pero se resolvió que no procedía.
Ariadne Lamont, activista feminista, fue una de las promoventes de la alerta en 2017.
Recuerda que en aquel proceso se corrigieron omisiones como que no había una unidad de litigación e investigación del feminicidio o un protocolo para investigar las muertes violentas de mujeres. Sin embargo, considera que desde entonces los funcionarios coahuilenses han quedado a deber.
Lamont señala que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) es una dependencia a la que siempre le faltan recursos y necesitan abogados.
“Les pagan mal, no duran, hay rotación de personal”, comenta. El presupuesto de la CEAV para este año fue de 26.4 millones de pesos, 0.03% del presupuesto estatal.
Lamont menciona que lo que se necesita de esta dependencia es que promueva las reparaciones del daño y eso representa recursos, que apoye a las víctimas en sus consultas médicas y que den asesorías jurídicas porque se trata de la gente más pobre la que acude a esta instancia.
La falta de fondos para subsanar la reparación del daño para víctimas directas e indirectas es uno de los argumentos de la actual solicitud. La vocera de Mujeres que Luchan por Mujeres expone que tan sólo en Torreón se contabilizan más de 70 infantes que quedaron huérfanos de madre por un feminicidio. Son menores a los que se les está dejando en el “desamparo total”.
Lamont opina que el proceso de Alerta de Género no evita que maten a las mujeres, pues insiste en que eso le toca a la sociedad en su conjunto, en la educación de las mujeres y hombres.
“Le toca al Estado hacer la convocatoria a la sociedad para que aprendamos a cómo relacionarnos libre de violencia, creyéndonos las mujeres que somos y no objetos, y los hombres entiendan que pueden ser hombres sin ejercer violencia”.
Señala, además, que existe un problema porque las dependencias reportan números. “Dan números, dicen: ‘Dimos tantos cursos, vinieron tantas personas’ y palomita”.
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Prevención, cuenta pendiente
Para Ariadne Lamont el tema de la prevención todavía queda corto, a pesar de esfuerzos como el del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. Dice que el asunto de la prevención tiene que ver con que la sociedad está harta de la violencia.
“No quiere asistir a los entierros de las mujeres más jóvenes, a la par que ve entrar a la cárcel a los asesinos. Tendríamos que participar en todo lo que tiene que ver con prevención, que también les toca a los municipios”, comenta.
En los casos de feminicidio documentados este año en Coahuila destacan los asesinatos de mujeres jóvenes. El 24 de abril, Fátima Urbina Agüero, de 21 años, fue asesinada y hallada en un restaurante abandonado; fue estrangulada y golpeada. El 19 de mayo, Kimberly Kasumi Narro Sánchez, de 19 años, fue asesinada por su pareja, quien le prendió fuego porque no le gustó su vestido. La madrugada del 30 de junio, María Fernanda Jaramillo Morales, de 18 años, fue golpeada y asfixiada en un motel de Torreón.
Un punto que destaca Sofía Díaz es que la mayoría de los feminicidios, al menos los de Torreón, han ocurrido en la periferia de la ciudad, y cuestiona qué políticas públicas tendrían que desarrollarse en estas zonas de la ciudad.
La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, refiere que están trabajando en el tema de la prevención con capacitaciones, talleres, seminarios, particularmente con el tema de empoderamiento educativo, pues han detectado que la incidencia tanto de agresores como de víctimas se presenta en hombres y mujeres que sólo cursaron hasta secundaria.
“Una de las políticas públicas es darles oportunidades a las mujeres que por alguna razón dejaron de estudiar, para que terminen la preparatoria, tengan una opción de universidad, y para que sean mujeres que se empoderen”, expone.
Para esto se ofrecen talleres para que puedan emprender un negocio y sean productivas en su vida, afirma la funcionaria estatal.
Sin embargo, Sofía Díaz, de Mujeres que Luchan por Mujeres, considera que lo que en realidad se necesitan son políticas de prevención para que no ocurran embarazos en adolescentes y es donde cree que está fallando el Estado.
La activista Ariadne Lamont menciona que el gobierno tiene que llamar a la sociedad civil a que trabaje con recursos del Estado en el barrio, las colonias, en la escuela, como voluntarias, pues de lo contrario no se puede pensar en acabar el problema de violencia. “No hay manera”, recalca.
Mayra Valdés coincide en que el tema de la prevención y erradicación de la violencia es un trabajo de todos: gobierno, sociedad, colectivos, académicos.
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Señala que la meta es erradicar totalmente los casos de feminicidio, y para ello asegura que también trabajan en otros temas como la prevención de adicciones o apoyo en temas de salud mental.
Sobre el tema de nuevas masculinidades, menciona que buscan reeducar a los hombres con un enfoque en terapia y trato de lo que un hombre puede hacer dentro de su entorno familiar.
La funcionaria asegura que esperarán la notificación de Inmujeres para ver si la Alerta de Género es procedente o no.
Añade que en caso de que la admitan serán receptivos para conformar las mesas de trabajo y “arrastrar el lápiz” para trabajar.