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Tuxtla Gutiérrez.— La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que aglutinaba a los 45 tzotziles asesinados hace 23 años en ese poblado de Chenalhó, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que agilice la emisión del informe de fondo sobre el caso.
En ese sentido, solicitó que el organismo internacional haga públicas las conclusiones de sus investigaciones y recomendaciones al Estado mexicano, “para que se haga verdadera justicia enjuiciando a los autores intelectuales y materiales”.
En el aniversario de la matanza de los tzotziles, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que el actual gobierno tiene la oportunidad histórica de no quedarse en el reconocimiento de una “disculpa pública, mediática y frívola”.
Posee el gobierno la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de realizar acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción de los responsables de aquellos hechos sangrientos, enfatizó la organización.
Un grupo de sobrevivientes, familiares, integrantes de Las Abejas e invitados se reunieron ayer en Acteal.
Participaron en la celebración religiosa oficiada por el obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López.
En su pronunciamiento, Las Abejas de Acteal reclamaron que, a 23 años de que ocurrió el homicidio múltiple, aguardan aún la aplicación de la ley y la justicia.
“Los sobrevivientes queremos que el mundo sepa que seguiremos buscando justicia hasta alcanzarla; no nos hemos vendido, que no aceptamos la solución amistosa que el gobierno federal ofreció”, sostuvo la ONG.
Señaló que no descansarán hasta que se sancione a los responsables materiales e intelectuales: “Queremos y exigimos justicia, lo que pasó en Acteal no debe repetirse”.
Indicó que el gobierno apuesta a que el cansancio y desgaste debiliten a las víctimas de la violencia y que [por ello] aceptarán cualquier condición.
Más aún, aseveró la organización, la impunidad en el caso Acteal propició una descomposición del tejido social que la violencia “disparó”.
“Los paramilitares conservaron sus armas desde 1997 , y estos años han sido beneficiados con presupuesto público para incrementar su arsenal”, acusó. Agregó que la justicia es un negocio y está plagada de corrupción.
