Villahermosa.— Es necesario modificar y ampliar las causales de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues en Tabasco se están dando casos en que las candidatas a diputadas, presidentas municipales o regidoras están siendo amenazadas a través de sus familias.
La estrategia para intimidarlas es amenazarlas con lastimar a sus hijos o dañar a su familia si no “le bajan” al tono de sus campañas, no desisten de seguir su campaña o no renunciar a la candidatura, explicó Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, consejera electoral del IECP Tabasco.
“Queremos que se amplíen las causales porque las amenazas que les hacen no son en contra de ellas, sino en contra de sus familias”.
El problema, precisa la consejera electoral, es que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres del gobierno federal exige pruebas específicas para catalogar como violencia política electoral por razones de género.
“Se tiene que probar que el impacto que la violencia genera en la mujer es mucho mayor que la que podría generar en un hombre. En algunos casos no entra en el cajón que nos señala el protocolo pero (...) nos damos cuenta de que este tipo de violencia se está cometiendo en contra de mujeres”.
“Los casos se dan, pero no se denuncian aunque cada vez se van dando más autoridades ante quienes denunciar. Incluso en el proceso actual hay quienes desean no reportar para no ser tachadas como las lloronas”.
Además de amenazas en contra de sus familias, se han dado secuestros, hostigamiento e intimidaciones. A tres aspirantes a presidentas municipales, diputadas y regidoras tabasqueñas las han intentado obligar a renunciar a sus candidaturas.
Formalmente ante el órgano electoral, sólo se ha reportado el caso de una candidata a diputada por Comalcalco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fue obligada a desistir de su candidatura.
“Ella acudió con nosotros a entregar su renuncia e incluso la ratificó, pero no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, regresa al instituto, lo hace del conocimiento por escrito y fue cuando le enseñamos que ella ratificó”, explicó Domínguez Arévalo.
El año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre otras instancias federales, lanzaron el protocolo para atender la violencia política contra mujeres en razón de género.