Ciudad de México.— La comunidad académica y estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acudió a Palacio Nacional a solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador detener la persecución que mantiene el gobierno de Miguel Barbosa contra autoridades de esta casa de estudios.
“Los universitarios hemos emitido desplegados y comparecido ante la opinión pública para defender la probidad de nuestra institución (...) para que las autoridades se percaten, de primera mano, que nuestra labor le da sustento, legitimidad y certidumbre al bienestar y a la paz social del estado de Puebla”, hicieron saber al Presidente en un escrito, mismo que fue recibido por la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez.
“Necesitamos ser escuchados, tenemos que venir hasta aquí, a la Ciudad de México, a las sedes de los poderes, porque en el estado de Puebla no sólo se están violentando los derechos de nuestro rector Alfonso Esparza, sino de todos los universitarios”, señaló Mariana Vaquero, consejera universitaria y directora del Complejo Regional Sur de la BUAP, con sede en Tehuacán.
Luego de ir a Palacio Nacional, los también integrantes del Consejo Universitario se dirigieron en caravana a las sedes del Senado y la Cámara de Diputados para pedir se establezcan mesas de trabajo en las que se discuta la situación actual del estado de Derecho en Puebla, el cual consideran, ha sido violado con las acciones del gobierno estatal, para la Universidad y para toda la sociedad.
A las puertas del Senado, se llevó a cabo un mitin, donde con lonas y pancartas, los consejeros exigieron que el gobierno del estado saque las manos de la universidad pública.
Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que se busca establecer un diálogo respetuoso con las comisiones de Educación y de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados y en el Senado, para analizar la situación del estado de Derecho en la entidad y, sobre todo, la legalidad de los procedimientos de fiscalización a los que de manera permanente ha estado sometida la BUAP, mediante innumerables auditorías y revisiones.
“Nos parece que las declaraciones del gobernador son, sin lugar a dudas, un abuso de poder; es decir, no le corresponde a él en todo caso establecer esos criterios, para eso están los órganos como la Auditoría Superior de la Federación”, expresó.
En repetidas ocasiones, y sin sustento, el gobernador Miguel Barbosa ha cuestionado públicamente la integridad de la BUAP y la gestión del rector Alfonso Esparza, y ha iniciado también una persecución política contra él y su familia. Esparza se ha dicho dispuesto a enfrentar cualquier investigación.
