Autoridades tradicionales de la comunidad wixárika (huichol) de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños , asentada en los límites de Jalisco y Nayarit , solicitaron al gobierno federal que trabaje en la creación de una partida presupuestal suficiente para el siguiente año poder sanjar el conflicto agrario que sostienen desde hace al menos un siglo con ganaderos mestizos de Huajimic, en el municipio de La Yesca , Nayarit.
En esta disputa por 10 mil 700 hectáreas, los wixaritari han logrado sentencias favorables en 26 juicios de los 45 que iniciaron para la restitución de su territorio; sin embargo, hasta el momento sólo se han podido ejecutar un par de éstas ante la resistencia violenta de los ganaderos nayaritas, éstas exigen una indemnización por las tierras que han ocupado durante décadas y que incluso amedrentaron a los funcionarios federales que ejecutaron las sentencias.
Carlos González
, abogado de la comunidad, recordó que desde 2007 iniciaron con los juicios y hasta el momento las sentencias favorables implican la restitución de 922 hectáreas, pero ante la complejidad del problema y la resistencia de los ganaderos, fueron los propios wixaritari los que desde 2012 buscaron la intervención de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ( Sedatu ) para que active fondos del programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural ( Cosomer ) y otorgue una contraprestación a los ganaderos afectados.
Tras años de negociaciones, en 2018 los funcionarios de Sedatu aseguraron que se contaba con 25 millones de pesos para poder comenzar con las ejecuciones de las sentencias ganadas e indemnizar a los ganaderos , sin embargo, al llegar la nueva administración se les informó que todo era un engaño y no había recursos.
El pasado 2 de mayo, tras una reunión en Tepic , el gobierno federal se comprometió a gestionar los recursos para el programa Cosomer e indemnizar a los ganaderos afectados por los 14 juicios que faltan de ejecución, pero se negó a aportar recursos para el resto de las indemnizaciones y dejó el problema en manos de los gobiernos de Jalisco y Nayarit.
Ante esta postura, la comunidad indígena reiteró su exigencia de restitución del total de su territorio, recordó que este conflicto se generó por las omisiones del Estado Mexicano en su conjunto e insistió en que los temas agrarios son de jurisdicción federal.
El abogado de la comunidad recordó que en 1906 el gobierno mexicano otorgó una escritura irregular a un militar y desde entonces comenzó el despojo y la persecución violenta de los comuneros que habitaban estas tierras.
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