Múzquiz, Coah.— Cuando Cecilia Sánchez se enteró de que a las familias de los 10 mineros fallecidos en El Pinabete de Sabinas, Coahuila, las iban a indemnizar, pensó que también a ella la buscarían para ayudarla. Pero no fue así.
La señora Cecilia es madre de Pedro Ramírez Sánchez, uno de siete mineros que murieron el 4 de junio de 2021 en la mina de Micarán, en el poblado de Rancherías, municipio de Múzquiz. Su hijo Pedro tenía 26 años cuando murió y apenas dos días de haber empezado a trabajar en esa mina.
Aquí en la región carbonífera han muerto más de 120 trabajadores mineros desde los 65 que perecieron en la explosión en Pasta de Conchos, en 2006, pero no todas las tragedias son tratadas igual, a pesar de que las historias se repiten: negligencia, falta de inspecciones, trabajadores que alertaron de la presencia de agua y familias que se quedaron sin el proveedor económico.
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Doña Cecilia vive en el ejido La Mota del municipio de Múzquiz, a unos kilómetros de donde murió su hijo. Después de la muerte de los siete mineros la mina siguió trabajando un tiempo. La señora y las demás familias recibían un sueldo semanal de 2 mil pesos mientras se concluía el caso.
Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que se había detectado que la mina se encontraba operando sin respetar una medida de restricción y por ello la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Sabinas presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal el 16 de noviembre de 2021 y la STPS impuso una sanción económica por 7 millones 793 mil 820 pesos.
Al cierre de la mina, las autoridades no voltearon a ver a las familias y ahora, dice la madre, están abandonadas, pues ya no reciben ningún dinero desde que cerró la mina.
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“¿Por qué tanta injusticia y por qué la cometieron con nosotros?”, pregunta entre sollozos la señora Cecilia.
“Pensé que nos iban a hacer lo mismo a nosotros, pero ahí [caso de El Pinabete] el Presidente les solucionó de inmediato. Para nosotros no ha habido apoyos (...) En menos de un mes les solucionaron su problema y para nosotros es un año y cinco meses sin que nos puedan solucionar. Es frustrante e indignante lo que se ha cometido contra nosotros”, comenta.
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