Tula.— El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses (PRI), demandó que la Procuraduría Estatal de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR) integren una investigación apoyada en organismos de los Derechos Humanos para deslindar responsabilidades sobre lo que ocurrió en esta localidad.
“Hay una serie de cuestionamientos si se actuó a tiempo, si se actuó bien, si se hizo lo que se tenía que hacer, si avisaron las autoridades, si no avisaron. Todas esas interrogantes deberán responder en su momento las autoridades competentes”, indicó el mandatario al dar continuidad al Plan DN-III, aplicado en Tula.
Fayad Meneses afirmó que esta petición podría ser apoyada por las comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, para dejar claridad en la emergencia que se vivió con la inundación que, según las estimaciones, dejaron más de 70 mil personas afectadas en el estado.
El mandatario señaló que Tula está en una nueva fase, en la sanitización para garantizar que no se presente una epidemia, para lo cual se suman 650 militares a las brigadas de trabajadores del ayuntamiento, gobierno del estado y de pobladores para la limpieza del municipio.
Al recibir apoyo de maquinaria del gobierno federal, dijo que se tiene una afectación en nueve municipios, 26 puentes vehiculares, 12 peatonales, 18 centros educativos, tres hospitales, 25 sistemas de agua potable y drenaje, ocho balnearios, dos centros culturales y 3 mil 574 viviendas dañadas.
Explicó que para la reconstrucción de la zona de desastre se requieren, de manera inicial, 6 mil 500 millones de pesos, por lo que urge la declaratoria de emergencia y pidió a la Ciudad de México y al Estado de México saldar la deuda histórica que tienen con Tula, que recibe las aguas negras, pues indicó que Hidalgo les envía líquido limpio y regresan residuales a través de los túneles emisor central y oriente, además del río Tula, la presa Taxhimay y Requena.