Cancún.- Periodistas de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad , se manifestaron este martes en la Plaza 28 de julio para pedir a la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iris Mora Vallejo, desistir de la iniciativa que impulsa en el Congreso de Quintana Roo , al considerar que aumenta los riesgos para el ejercicio periodístico.
La iniciativa es una reforma a los artículos 194 BIS y 194 TER del Código Penal, que ya contemplan y sancionan el delito de “violación a la intimidad personal y familiar”, cometido por quien difunda información personal y personal de alguien sin su consentimiento.
La propuesta de Mora Vallejo consiste en agregar al tipo penal que comete el delito quien divulgue información “profesional” o “confidencial” y duplica la pena tomando en cuenta la forma en que se obtuvo la información.
Anoche, desde Cancún, la Red de Periodistas de Quintana Roo solicitó a la legisladora dar marcha atrás en su iniciativa y consultar con organizaciones especializadas en la libertad de expresión, si violenta o no los derechos humanos.
Esta mañana, comunicadores de Playa del Carmen hicieron lo propio, al considerar que la reforma criminaliza la labor periodística.
“Nos oponemos a que se suba la iniciativa de ley que se va a discutir (esta tarde) en la Comisión de Justicia del Congreso del estado, en donde la diputada plurinominal, Iris Mora, está tratando de revivir una iniciativa que ella había subido y se la desecharon”, expresaron.
De aprobarse, “podrían encarcelar a los reporteros que difundan información que para ellos es confidencial, como en el caso de investigaciones que se dan a conocer propiedades y ciertas situaciones en las que se han cometido algún tipo de corrupción y esta iniciativa protegería a malos funcionarios. Así lo vemos”.
Los comunicadores señalaron que con esta iniciativa se pone en riesgo a las y los periodistas que publiquen información de interés público, relacionada con familiares de funcionarios públicos o de estos, para denunciar enriquecimientos ilícitos o posibles conflictos de interés.
“Básicamente es una ley mordaza”, sostuvieron, al reiterar que se solicita a la Comisión de Justicia que hoy sesiona sobre el tema, desechar la propuesta nuevamente
“En el supuesto en que lo dictaminen viable, pedirle a los 25 diputados quintanarroenses que no lo aprueben, porque prácticamente criminaliza la labor periodística. Si criticamos a algún funcionario, y nos demandan, podríamos ir 8 años a la cárcel.
“Entonces no solamente somos atacados por la delincuencia; cinco compañeros en el país han sido asesinados en este año y en Quintana Roo en los últimos cuatro años, cuatro compañeros han sido asesinados, dos de ellos en Solidaridad y uno fue resuelto a medias porque nunca se dio con el autor intelectual. Entonces para el gobierno, para la Fiscalía General del estado, esclarecer la muerte de un reportero, al igual de cualquier ciudadano, pareciera que no es de su interés”, señalaron.
También se recordó que existía una Ley local de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 14 de agosto de 2015, bautizada localmente como “Ley Borge”, misma que fue abrogada.
Uno de los comunicadores responsabilizó de ello al gobierno estatal encabezado por Carlos Joaquín González y al Congreso del estado, pese a que la solicitud de abrogación provino de más de 100 periodistas y personas defensoras de derechos humanos de cinco municipios, incluido Solidaridad.
Aquella ley, pervertida por el gobierno borgista, además de ilegítima, poseía artículos inconstitucionales, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, su mecanismo de protección no garantizaba la salvaguarda de las y los comunicadores, pues está constituido principalmente por autoridades locales, cuando son las autoridades locales, las principales agresoras de las y los periodistas.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, adelantó que no habrá respaldo para la iniciativa de Mora Vallejo.
El panista aseguró que no es interés del Congreso, aumentar la vulnerabilidad de las y los periodistas, ni de obstaculizar o criminalizar su labor.
Consideró que ha faltado a los congresistas y al propio gremio periodístico, revisar la iniciativa para analizar sus alcances.
“En lo que no estoy de acuerdo es que a veces, algo que no está lo suficientemente claro, se empieza a generar una postura a favor o en contra, sin conocer el fondo del asunto, Esta iniciativa, hasta donde tengo conocimiento, no va direccionada a la labor periodística.
“Sin embargo, lo que platiqué este día con la presidenta de la Comisión de Justicia (Kira Iris San), tampoco la traen como un tema prioritario, ni siquiera con la posibilidad de que se apruebe en comisiones”, expresó, al adelantar que el PAN tampoco respaldará la propuesta.
Admitió que a las y los diputados les ha ocurrido que presentan iniciativas sin dimensionar su efecto o la percepción que puede generar en la opinión pública.
“También podemos corregir, podemos retirar y ahí quedó, ya no camina más, porque a veces uno lo hace bien intencionado y no nos damos cuenta del impacto que pueda generar en la sociedad, que generen molestia en la sociedad o no provoquen el impacto que deseábamos”, señaló.
Añadió que tampoco hay interés del Congreso de “recuperar” la Ley Borge, con la que “algunos periodistas se sintieron identificados”, pese a que ponía en riesgo a las y los comunicadores, al igual que a las personas defensoras de derechos humanos.
Lee también:
afcl