La Paz, 13 de marzo.- La periodista y activista feminista en Baja California Sur, Daniela Pérez Reyes, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al considerar ser víctima de actos de intimidación de parte de elementos policíacos.
El incidente ocurrió en el contexto de las movilizaciones y protestas con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando –narró– policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado se presentaron en el domicilio de su familia preguntando por ella y advirtieron que la buscaban para “protegerla” durante la protesta del pasado viernes.
La periodista, especializada en Género y Derechos Humanos, corresponsal de la organización Causa Natura y miembro del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, confirmó a EL UNIVERSAL que considera estas acciones como “un acto de intimidación y hostigamiento” de parte de elementos policíacos y que se habrían replicado con al menos tres activistas más la víspera del 8M.
“Se presentaron elementos de la Policía Estatal en el domicilio de mi familia, preguntando por mí, para supuestamente apoyarme y les dijeron que iban a cuidarme siempre y cuando me manifestara de forma pacífica”, declaró.
Calificó como un acto ilegal y grave el hecho de “utilizar inteligencia” y datos personales, más aún, de defensoras de derechos humanos, para hostigar e intimidar a activistas.
“¿Cómo obtuvieron la información de nuestros domicilios o de nuestros familiares? Es un delito filtrar datos personales y que sea de personas defensoras de derechos humanos es gravísimo”, expuso.
La periodista confirmó que el caso ya está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Al hacer público su caso este día también a través de sus redes sociales, advirtió que considera que estas prácticas “intimidatorias” se han venido agudizando de parte de la administración que encabeza el gobernador, Víctor Castro Cosío y recordó que el año pasado en el contexto también de movilizaciones contra las violencias a mujeres, una participante fue detenida de forma arbitraria también por la policía estatal.
“Ojalá que la policía, en lugar de hostigar e intimidar activistas, esos recursos los utilizara para prevenir y atender la violencia de género, porque para eso sí tiene atribuciones”, dijo, al tiempo que remarcó que ella en ningún momento solicitó una supuesta protección en el contexto de las movilizaciones, por lo que remarcó que se trató de un acto para intimidarlas.
En declaraciones previo a las movilizaciones y protestas del 8M en BCS, el gobernador anunció que resguardarían las instalaciones de la Procuraduría de Justicia y del Palacio de gobierno, ante posibles actos de protesta y pidió fueran pacíficas.
El año pasado, el mandatario remarcó su descontento tras las protestas e intervenciones en edificios, y consideró como “actos delictivos”. Acusó que había “grupos de choque” en el movimiento feminista local y se quejó de que los cristales rotos de la Procuraduría de Justicia del estado habían costado un millón de pesos su reposición.
La CEDH también investiga al propio gobernador, luego de dos quejas interpuestas por dos mujeres, una profesora y una empresaria, quienes acusaron haber recibido expresiones machistas de su parte, violentas y discriminatorias.
Daniela Reyes es también fundadora de colectivas feministas e integrante de la Asamblea Feminista de BCS, premio estatal de Periodismo 2023. Periodistas locales exigieron una investigación a fondo sobre su caso y medidas de protección.
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