San Luis Potosí.— Daniel Pedroza Gaitán, exsecretario de Finanzas del gobierno del estado de San Luis Potosí, se amparó para no ser detenido por su presunta responsabilidad en diversos ilícitos causados en contra de las arcas estatales y que resultan a pérdidas millonarias.
El amparo fue presentado ante el Juzgado Sexto de Distrito contra la orden de aprehensión que fue girada, luego de la denuncia presentada por la autoridad estatal.
Con el número 226/2022, el amparo señala como autoridades responsables a la Fiscalía General del Estado, Dirección General de Métodos de Investigación, juez de Control y Tribunal de Juicio Oral (diversos municipios) y diversas unidades de la FGE.
De acuerdo con el procedimiento, ya se llevó a cabo una audiencia incidental el viernes 11 de marzo, y la audiencia constitucional está prevista para el próximo día 25 de este mismo mes, pero las autoridades responsables ya presentaron los informes respectivos.
Conforme a los datos de la auditoría e investigación que realiza la autoridad estatal, Pedroza Gaitán, abogado con especialidad en derecho fiscal, asumió la titularidad de la Secretaría de Finanzas estatal a la mitad del sexenio de Juan Manuel Carreras López, tras la renuncia de José Luis Ugalde Montes.
Como servidor público, fue uno de los funcionarios más cercanos al exgobernador y, conforme avanza la investigación se presume que orquestó una serie de operaciones ilícitas para desviar cuantiosas partidas del presupuesto, en lo que se ha dado en llamar la Herencia maldita.
Además, se le considera una figura clave para fincar responsabilidades por la presunta corrupción en la que incurrieron él y múltiples exsecretarios, porque no podían actuar sin su supervisión o anuencia.
Pedroza Gaitán se suma a la lista de exfuncionarios carreristas que han tramitado amparos para no ser detenidos, como también lo hizo la doctora Mónica Rangel, extitular de la Secretaría de Salud; sin embargo, quien se encuentra en la cárcel es el exsecretario de Seguridad Pública estatal Jaime Rangel, acusado de los delitos de ejercicio abusivo e ilícito de las funciones públicas, así como de sus atribuciones y facultades.