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El conflicto por límites territoriales en Chenalhó y Chalchihuitán, “no se podrán resolver de fondo”, si no se transforma la relación política de estos pueblos “a partir de un mutuo acuerdo de convivencia pacífica, coherente con sus derechos de autodeterminación y que erradique las viejas relaciones de dominación”, establece el Grupo multidisciplinario que elaboró un informe sobre dicho conflicto entre ambos municipios.
Considera que ninguna resolución jurídica del Tribunal Unitario Agrario, resultará aceptable para las dos partes en pleito, “por lo que no será socialmente sostenible sino al contrario, puede terminar fortaleciendo las facciones estructurales de tensión” de los tzotziles .
Así, “cualquiera que fuera la resolución del Tribunal, produce el riesgo de perpetuar la actual incertidumbre jurídica”, de ahí que los líderes comunitarios de ambos pueblos deben alcanzar “la plena conciencia de que han sido víctimas de un mal manejo y un mal desempeño”, de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Ya que los trabajos relativos al Reconocimiento y Titulación de ambos Bienes Comunales (RTBC) (1973), que realizaron los topógrafos e ingenieros de la (SRA) por “acción y omisión”, causaron “la errónea demarcación de sus límites comunes, así como provocaron la incertidumbre, el enrarecimiento y el conflicto en sus relaciones mutuas”.
Estos trabajos de deslinde y entrega aumentaron y agravaron las fallas, omisiones y errores cometidos por los topógrafos de la SRA , porque se violaron una serie de normas establecidas para la realización de las mediciones en colindancias.
Y por los intereses jurídico-administrativos del sector agrario, se han puesto en tensión dos visiones del derecho: el derecho histórico de Chenalhó sobre ese territorio, contra el derecho agrario impuesto con errores y deficiencias por la institución agraria”.
Los miembros del grupo exponen que hasta los años 60 del siglo pasado, en el territorio en disputa, los tzotziles de ambas comunidades vivían sin conflictividad, incluso hasta 1980, aceptaron y respetaron los términos del Acta de Conformidad, suscrito por autoridades agrarias comunitarias del 6 de agosto de 1976, donde el río era el lindero.
Por eso, “este antecedente debe ser retomado y revalorizado en cualquier escenario de negociación que se instale”.
La SRA hizo evidente “su ignorancia del orbe indígena y de la cultura local” y es claro que “en los deslindes efectuados no se tomaron en cuenta los derechos históricos sobre las dotaciones reconocidas en el periodo colonial”.
Y esto es muestra de los problemas de la tierra que imperan en esta entidad, ya que las resoluciones agrarias presidenciales ejecutadas en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) “son precisamente las que presentaron mayor conflictividad en Chiapas”.
En el caso de la SRA
, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tendrá que aceptar su responsabilidad y “actuar de forma congruente, en consecuencia deberá pedir disculpas públicas a ambos pueblos por el conflicto causado, así como compensar los efectos provocados”.
En este escenario, “es imprescindible que la dignificación de los agraviados vaya acompañado por la reparación de daños” y el Estado mexicano debe proveer de medidas compensatorias adicionales a favor de Chalchihuitán, para darle tierras de igual calidad a los parcelarios que resulten afectados por la desocupación de los terrenos de Chenalhó, así como dar certidumbre jurídica en el largo plazo para ambos pueblos sobre sus bienes comunales”.
Pero una compensación para Chalchihuitán “no se agota en cuestión de dinero, aunque debe considerarse la devolución de los impuestos que se hayan pagado, además de los conceptos de indemnización que procedan”.
Es inaplazable que se concerté y se instale una mesa de diálogo político y negociación tripartita, que incluya en “condiciones de equidad”, los Bienes Comunales de Chalchihuitán y Chenalhó y el gobierno del estado de Chiapas, donde los miembros tengan capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, con el fin de buscar una solución integral a este prolongado conflicto.
“En este marco, se deberán generar oportunidades para que el pueblo de Chalchihuitán salvaguarde su dignidad y sea garantizado su efecto acceso a la jurisdicción del Estado en materia de desarrollo sustentable social y humano, por lo menos, en términos de igualdad con el pueblo de Chenalhó”, explican.
Los miembros del Grupo multidisciplinario que elaboraron el informe en marzo del 2010 estuvo integrado por: Jaime Torres Burguete, María del Carmen Pérez Esponda, Magín Flores Vidal, Ramón Martínez Coria, Araceli Burguete, Ramón Martínez Coria, Justus Fenner y Andrés Fábregas Puig.
cfe
