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Monterrey, Nuevo León.
El Parque Fundidora, la principal área verde dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey, ha ido perdiendo espacios por la operación de establecimientos comerciales y centros de espectáculos; sin embargo, ahora lo que lo mantiene en la polémica es un proyecto para construir un fraccionamiento.
En un terreno de 114 hectáreas, donde hasta mayo de 1986 operó la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, pilar en la industrialización de Nuevo León, han sido constantes las protestas ciudadanas y de grupos ambientalistas, porque desde que el espacio fue cedido al gobierno del estado en 1988, se le ha ido quitando superficie de áreas verdes para favorecer negocios privados.
Desde el pasado 16 de julio, el parque cerró sus puertas porque sus administradores argumentaron que se habían quedado sin dinero para pagar la nómina del personal que da mantenimiento a dicho espacio recreativo y pidieron al gobierno del estado entrar a su rescate.
Artemio Garza, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora, solicitó hace un mes al gobernador Jaime Rodríguez Calderón una cifra de 60 millones de pesos para la operación y mantenimiento de dichas áreas recreativas, con una nómina de 300 empleados, pues en los cuatro meses de confinamiento se agotaron las reservas del fideicomiso administrador del parque, que desde 2018 opera con recursos propios.
La convocatoria levantó críticas, como la del ambientalista Guillermo Martínez Berlanga, quien no concibe cómo pudieron agotarse las reservas del parque, ya que por nueve eventos masivos que se organizan al año en dichas instalaciones se obtienen ingresos de por lo menos 2 mil 500 millones de pesos.
Causó indignación también que ocho directivos del Parque Fundidora reciben en conjunto 759 mil 594.96 pesos mensuales, pues se reveló que, por ejemplo, el director General, Fernando Villarreal Palomo, gana al mes 125 mil 285.71 pesos, y el director de Operaciones, 97 mil 122 pesos.
El proyecto inmobiliario se localiza dentro de los terrenos del parque y consta de tres torres residenciales. La torre 1 contempla 32 niveles de departamentos desde 50 hasta 109 metros cuadrados cada uno, con valor desde 2.9 millones de pesos, y se ofrece uno o dos cajones de estacionamiento por departamento, además de una bodega.
A principios de mes, habitantes de la Zona Metropolitana abrieron una petición en línea para exigirle al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al presidente municipal de esta ciudad, Adrián de la Garza Santos, detener la construcción del proyecto, la cual ha recopilado hasta ahora más de 15 mil firmas.
Defensa con uñas y dientes
Moreno, bajito y de 78 años, Rafael Dueñas, un minero que trabajó 26 años en la desaparecida Fundidora encara al contador Artemio Garza Rodríguez, presidente del fideicomiso responsable de la operación del espacio recreativo.
“Están robándose nuestro patrimonio, ahí donde se van a construir esos rascacielos de departamentos. No lo vamos a permitir, estamos dispuestos a ir a parar las obras”, advierte don Rafael.
El presidente del fideicomiso y el director del lugar, Fernando Villarreal Palomo, acudieron a finales de julio al Congreso del estado para explicar la situación financiera del parque e insistir en la petición para que el gobierno estatal los apoye para el pago de nómina y compra de insumos por lo que resta del año.
Sin embargo, durante las tres horas de diálogo con los diputados de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, no tocaron el tema de la construcción de tres torres residenciales.
Al salir de la comparecencia, los administradores del parque se encontraron con un grupo de veteranos exmineros que protestaron y sólo Artemio Garza se quedó a responder.
“Hacen muy bien en defender los derechos, y más ustedes que conocen las raíces y la historia de la Fundidora [...] tengan la seguridad de que no se va a realizar ninguna edificación o construcción, no se ha hecho en la administración de este gobierno y no se va a hacer”, aseguró.
