Las autoridades municipales de Paraíso, Tabasco, y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, están a la espera de la notificación oficial de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó su cese inmediato por negarse a acatar un amparo que les obligaba a pagar laudos laborales y una indemnización.
Una vez que llegue el documento oficial, estarán separados legalmente de sus cargos y serán llamados sus suplentes para que cumplan con el encargo en el resto de la gestión.
Cumplen pago antes de irse. Previo a la notificación de su destitución, el cabildo de Tlacotepec de Benito Juárez finalmente cumplió con una indemnización de 4 millones de pesos a la dueña de un predio expropiado por el ayuntamiento para construir una cancha deportiva.
El presidente municipal, Pablo Pérez Maceda, junto con su Cabildo aprobaron en sesión a puerta cerrada que Luminosa Pérez Huerta reciba la indemnización de 4 millones de pesos por su bien inmueble expropiado en otra administración; sin embargo, no echa atrás la decisión de los magistrados de separar del cargo al edil y regidores.
En un comunicado, las autoridades municipales anunciaron que se defenderán de la sentencia de la SCJN, a pesar que es inatacable la decisión de separarlos e iniciarles un proceso penal.
El procedimiento en Paraíso. La vicecoordinadora del Grupo Legis- lativo del PRI en el Congreso de Tabasco, Gloria Herrera de la Cerna, explicó que una vez que la SCJN notifique a las autoridades municipales de Paraíso su destitución por incumplir con un laudo, en ese momento se tendrá que llamar a sus suplentes.
“Lo que procede es que una vez que se le notifique la sentencia al ayuntamiento deben separarse del cargo y que asuman los suplentes, puesto que esa resolución es incuestionable”, expresó el máximo tribunal.
La legisladora explicó que sólo en caso de que los suplentes de Bernardo Barrada Ruiz, alcalde perredista, y los regidores se negaran a asumir sus funciones, el Congreso del estado deberá intervenir para crear un Concejo Municipal. Recordó que las ex autoridades y las actuales deberán enfrentar un juicio por el presunto delito de incumplimiento de sentencias de amparo.
El edil Barrada Ruiz ha calificado como legal, pero “injusta” la resolución de la SCJN de destituir y ordenar un proceso penal en contra de todos los integrantes del Cabildo actual y el pasado.