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Desde noviembre de 2016 y, como “castigo” por no apoyar el primer juicio político contra el edil Cuauhtémoc Blanco (por presentar documentación apócrifa para su registro como candidato), al diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Efraín Esau Mondragón Corrales, le fueron retirados los apoyos económicos. Para “completar” el gasto entró a Uber.
En 2015, cuando resultó electo como diputado plurinominal por el PES, Efraín Esaú Mondragón vivió su luna de miel con el grupo mayoritario del PRD. Le prometieron 60 mil pesos de dieta y otros 120 mil pesos para gestión social y contratación de personal, además del reembolso de viáticos y salidas sociales.
El último pago de quincena que recibió el grupo de apoyo de Mondragón Corrales fue en octubre de 2016, cuando la mayoría legislativa preparaba el primer juicio político contra Blanco. Entonces, el ex futbolista aún no era militante del PES y tampoco había pláticas para invitarlo a sumarse. Mondragón Corrales afirma que su convicción partidista le impidió participar en el linchamiento político.
A partir de entonces, el legislador fue relegado de los principales acuerdos parlamentarios y el Congreso estatal despidió a sus colaboradores. Efraín Esaú recuerda que la presidenta del Congreso estatal, Beatriz Vicera Alatriste, le dijo “tú ya no tienes trabajadores, pues no te alineaste a lo que estábamos haciendo”.
Desde entonces recibe únicamente 60 mil pesos de “dieta” cuyos recursos utiliza para pagar un colaborador, realizar gestión social y pagar un auto que compró a su amiga.A mediados de 2017 lo alcanzó la crisis financiera y entonces decidió entrar a Uber para tener un ingreso extra. Pensaba que pasaría inadvertido, pero un usuario lo reconoció cuando la empresa le pidió calificar el servicio prestado por el conductor Efraín Esaú Mondragón.
—¿No te alcanzan los 60 mil pesos?
—Adquirí algunos compromisos, estoy invirtiendo en otras cosas con mi familia y obviamente nunca preví esto [crisis económica]. Tengo otros compromisos, pero además de mantener a algunos colaboradores, estoy pagando el auto que está en Uber.
—¿Quién te sugirió entrar a Uber?
—Yo tomé la iniciativa. Toda la vida, mi papá, mis tíos, se han dedicado al transporte, entonces cuando entré a Uber dije ‘vamos a modernizarnos también y tener un ingreso extra aparte’, porque ciertamente me queda un remanente de lo que recibo como sueldo, pero no estoy las 24 horas. Ahora se hizo necesario porque no recibimos la última quincena de diciembre y siempre se necesita dinero para la cena, regalos, los apoyos a los ciudadanos y otros.
—¿Es una revancha política porque no actuaste contra el Cuauh?
—Por supuesto, aunque Cuauhtémoc no era del partido, estaba volando. No estaba oficialmente en las filas del PES, ni siquiera estaba en pláticas, pero era un tema de golpes políticos contra él del cual no fui parte y por eso se dio esta situación.
—¿Y qué te dicen los pasajeros?
—Se sorprenden porque piensan que todos los diputados se dan una gran vida y derrochan dinero y ése es el concepto que la gente tiene de los diputados, como que estamos casi acostados en una cama de dinero esperando que todo se solucione o recibir más dinero.
Asunto interno: tribunales. El diputado acudió a los tribunales para denunciar lo que consideró una violación al reglamento del Legislativo estatal en perjuicio de su persona, pero los resolutivos versaron en el sentido de que se trataba de un asunto interno.
Desde entonces, combate la opacidad en el Congreso morelense y juzga de incongruentes a algunos de sus integrantes porque —dice—, exigen la rendición de cuentas y transparencia de los organismos que reciben recursos públicos, mientras ellos hacen lo contrario.
Opacidad legislativa. Desde octubre de 2016, el Legislativo dejó de actualizar la información sobre nómina y otros rubros en su portal de transparencia y con el cambio de la Mesa Directiva, del priísta Francisco Moreno Merino a la perredista Beatriz Vicera Alatriste, se generó un vacío de información.
En octubre de 2017 la organización civil Morelos Rinde Cuentas informó que el Congreso estatal, de mayoría perredista, continuaba sin atender de fondo la demanda de transparencia a pesar del resolutivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los impuestos pagados por el Legislativo, de 2010 a mayo de 2017.
En septiembre de 2017 la organización recurrió al amparo ante la falta de respuesta y pidió en paralelo al SAT las declaraciones y pagos del Legislativo. La dependencia federal respondió que la información era clasificada como confidencial, en virtud del secreto fiscal.
Pero la organización civil interpuso un recurso de revisión ante el INAI y la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos concluyó que “el secreto fiscal no puede actualizarse en los casos en los que los particulares soliciten información de entes públicos, toda vez que éstos se allegan, utilizan y administran recursos públicos que se encuentran sujetos al principio de transparencia y rendición de cuentas”.
Con ello obligó al SAT a dar la información a la organización, pero hasta diciembre pasado el representante legal de la organización, Roberto Salinas Ramírez, se encontraba a la espera de los datos.