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La extradición a México desde suelo panameño del político mexicano Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, se volvió a retrasar ayer luego de que el Ministerio Público de Panamá alegó ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país centroamericano, que los documentos sobre una apelación presentada por la defensa están incompletos, informaron anoche fuentes judiciales panameñas.
La Secretaría de Comunicación de la Corte informó a EL UNIVERSAL que tras una audiencia para analizar un incidente de objeción o apelación que planteó la defensa de Borge, la sala “ordenó a la Oficina Judicial solicitar copias del expediente de extradición del ex funcionario mexicano, para resolver dicho recurso que se presentó contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores [de Panamá], que ordenó su extradición” a México.
Los magistrados panameños Jerónimo Mejía, Wilfredo Sáenz y Asunción Alonso “decidieron no analizar de momento el incidente de objeción, en atención a que los documentos presentados por la defensa, de acuerdo a la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá, no estaban completos”, añadieron.
En su alegato, explicaron, el abogado defensor Carlos Carrillo, del equipo legal de Borge Angulo, denunció tres causales sobre la apelación: violación de las normas, improcedencia de la solicitud de extradición por “no estar” debidamente fundamentada en el derecho del Estado requirente [México], y que la solicitud de extradición “es contraria a la ley o de algún tratado” en que Panamá sea parte, precisó.
Borge, de 37 años, compareció desde las 15:30 horas panameñas (mismo tiempo del centro de México) ante la sala para apelar la decisión dictada el 15 de septiembre pasado por el gobierno de ese país de autorizar su extradición a suelo mexicano para ser juzgado por los presuntos delitos de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.
La sala rechazó una petición de la defensa de cambiar la medida cautelar de arresto y liberar a su defendido. El jueves 21 de septiembre se le transfirió a una celda de la Policía Nacional.
