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Tijuana.— La Yucca Schidigera, una planta nativa del estado, es el nuevo blanco del crimen organizado. Grupos armados ingresan a los ejidos en Valle de la Trinidad para saquear el “palo de oro”, como le conocen los habitantes de las comunidades víctimas del saqueo.
Los tallos de esta planta, comprados por empresas locales, son exportados por miles de dólares a Estados Unidos, Arabia o incluso China, para su uso industrial en productos de herbolárea y alimento para mascotas.
La palmilla o yuca es un tipo de suculenta o arbusto que emerge en el valle como un pilar frondoso del que estalla una corona con hojas afiladas que se mezclan con flores blancas.
Se esconde entre los límites del desierto y los matorrales costeros del Océano Pacífico y el Golfo de California, entre las tierras de los indígenas kiliwas y pai pai.
“Estamos tristes”, comentó Elías Espinoza, jefe de la comunidad kiliwa, mientras clava su mirada en las hojas de yuca desperdigadas sobre la tierra salvaje del Ejido Tribu Kiliwas Arroyo de León, en Baja California.
“Nos van a exterminar”, aseguró. Y sí, habla en plural porque el robo no sólo significa la desaparición de la especie, sino de la principal actividad económica de las familias que tramitan su permiso federal para la explotación sustentable de la palmilla.
Los acuerdos con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establecen que se puede aprovechar 50% de los tallos que nacen desde la raíz.
Pero ese pacto, que busca la permanencia de la planta, no les importa a los grupos armados que no dejan nada más que hojas secas... y una que otra bala.
Aunque el robo de la planta es un problema histórico, explicó Elías, desde hace dos años el saqueo creció y dejó sin nada a por lo menos tres de siete ejidos enclavados en el Valle de la Trinidad, en Ensenada.
Operan como el crimen organizado
El delegado del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, advirtió que el modus operandi de los saqueadores es como el del crimen organizado: hombres que entran a robar, empresas que compran la planta y luego la venden al exterior, con la colusión de autoridades que, por complicidad u omisión, no vigilan permisos ni investigan delitos ambientales.
“Es lo mismo que nos pasa con la totoaba, porque también es un elemento que genera riqueza. Tenemos que desarmar esa red de bandidos que, efectivamente, ya está actuando como mafia. Así operan.
“Limpian la mercancía [robada] con facturas de las empresas. Transportan con facturas para tratar de cubrir el latrocinio”.
En 2018, los propietarios de las tierras presentaron una queja ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero lejos de una solución, la violencia aumentó.
La comunidad se organizó y en julio pasado instaló un cerco en las entradas. Se crearon guardias que se turnaban para vigilar 24 horas, siete días a la semana. Tardaron más en poner el cerco que los criminales en romperlo.
Los grupos delincuenciales entran dos veces por semana, contó Cirilo, se adentran en los senderos y arrebatan las plantas de la tierra. Llegan en camionetas con placas extranjeras, siempre en montón. A veces hasta adolescentes. Sacan sus armas y, con lo que pueden, barren con la especie. Llenan las unidades con hasta 30 toneladas, que equivalen a unos 8 mil dólares, a 250 dólares cada una, cuando su precio oficial es de 450.
Para los que roban es más fácil bajar el costo de su venta, ya que no deben pagar ningún permiso federal. Señaló que las pocas veces que atrapan y entregan al Ministerio Público a los delincuentes, vuelven a salir libres.
La yuca se acaba
A lo largo de los terrenos, en los linderos, ya no se observa ninguna yucca, sólo quedan rastros del tallo cortado.
Los locales fueron paso por paso para descubrir “quién es el que compra, quién es el que lleva, quién es el que está allá”.
Así fue como supieron que las camionetas cargadas con la palmilla robada hacen su primera parada en el ejido Héroes de la Independencia. Luego, trasladan los tallos a Ensenada, donde, empresas locales blanquean la mercancía para exportarla “legalmente” a otros países.
En julio, durante la reunión de la Mesa Agraria —integrada por los tres órdenes de gobierno— acordaron instalar un punto de vigilancia en el valle, a cargo de la Guardia Nacional y elementos de las corporaciones locales, para inhibir el robo de la planta, lo cual no se ha realizado.
