Veracruz.— Un juez de Control determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria al exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, detenido por el presunto delito de desaparición forzada, en la modalidad de entorpecimiento de la investigación.
Con vítores y gritos de “sí se pudo”, personas allegadas al exfuncionario recibieron la noticia. Tras permanecer casi un año en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, en Coatepec, ayer la jueza Mónica Segovia ordenó la prisión domiciliaria, con lo cual salió del penal.
Durante la audiencia, Bravo Contreras solicitó que le sean reasignados los escoltas para garantizar su seguridad, pues señaló que como exservidor público con un encargo de seguridad es su derecho.
Su abogado, Arturo Nicolás Baltazar, señaló que a pesar de lograr el arresto domiciliario, la jueza cometió abuso de autoridad al no dar la libertad total a su cliente.
En enero de 2015 fue designado por un periodo de nueve años como fiscal; sin embargo, renunció al cargo en 2016 por presiones del entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes y por diputados locales del PAN. En su lugar, la alianza PAN-PRD impulsó a Jorge Winckler Ortiz.
El 17 de junio de 2018 el exfiscal fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, a pesar de que en ese momento se encontraba protegido por una suspensión provisional concedida a su favor por la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
Comprueban tortura. El exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, acusado de presuntamente ocultar en el papel cadáveres hallados, dejó la prisión y se le dictó prisión domiciliaria luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos comprobó que sufrió tortura para que declarara en contra de otros exfuncionarios.
El abogado Jorge Reyes, defensor del excolaborador del exfiscal Luis Ángel Bravo, consideró que Aguirre Garza debería estar en libertad debido al hallazgo del organismo autónomo, el cual emitió una recomendación en contra de la fiscalía al comprobar tortura física y sicológica.