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Un juez federal ordenó al Congreso de Veracruz reabrir una solicitud de juicio político en contra de magistrados de conciliación y arbitraje que fueron omisos en resolver laudos de trabajadores de municipios y del Estado.
El juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, Alejandro Quijano Álvarez, dio marcha atrás a la decisión de diputados locales de archivar una solicitud de juicio político en contra de magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) por la omisión en sus funciones.
“Se procede a conceder el amparo solicitado para el efecto de que las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Veracruz (…) dejen sin efectos el dictamen de once de septiembre de 2017, mediante el cual sobreseyeron la denuncia de juicio político”, advierte la sentencia.
La solicitud se deriva del incumplimiento de la sentencia de laudo laboral a favor de 10 trabajadores del ayuntamiento de San Rafael, quienes durante cinco largos años han emprendido juicos para ser reinstalados, el pago de salarios caídos y prestaciones.
Y es que el 11 de septiembre de 2017, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Veracruz desecharon la solicitud de juicio político y declaración de procedencia, presentada por el apoderado legal de los ex trabajadores.
El juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz consideró infundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable –los diputados locales- para “sobreseer” la petición del ciudadano.
Además se determinó que soslayó las tres fases del juicio político tres fases: la verificación de los requisitos, la acusación a cargo de la Comisión Permanente Instructora; y la sentencia por conducto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
“El dictamen que emitió la autoridad responsable de la legislatura local, en el sentido de sobreseer la pretensión de trámite al juicio político contenido en la denuncia, constituye una decisión que sí afecta el ejercicio del derecho de denuncia consignado a favor del quejoso”.
Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz Fernando Arturo Charleston Salinas, Concepción Flores Saviaga y Andrés Salomón Rodríguez, son acusados de ser omisos en dictar las medidas pertinentes para hacer cumplir el laudo que ganaron los trabajadores municipales despedidos de manera injustificada.
Ahora el Congreso del Estado de Veracruz deberá volver a analizar la solicitud de Juicio Político en contra de los magistrados del TECA por la violación a la “tutela judicial efectiva”.
“Dicten otro –acuerdo- siguiendo los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando su determinación”, señala el juzgador que concedió el amparo 1142/2017.
ahc
