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Xalapa.— Un juez federal ordenó al Congreso de Veracruz reabrir una solicitud de juicio político en contra de magistrados de conciliación y arbitraje que fueron omisos en resolver laudos de trabajadores de municipios y del estado.
El juez Segundo de Distrito, Alejandro Quijano Álvarez, dio marcha atrás a la decisión de diputados locales de archivar una solicitud de juicio político en contra de magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) por la omisión en sus funciones.
“Se procede a conceder el amparo solicitado para el efecto de que las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Veracruz (…) dejen sin efectos el dictamen de 11 de septiembre de 2017, mediante el cual sobreseyeron la denuncia de juicio político”, advierte la sentencia.
La solicitud se deriva del incumplimiento de la sentencia de laudo laboral a favor de 10 trabajadores del ayuntamiento de San Rafael, quienes durante cinco largos años han emprendido juicios para ser reinstalados, el pago de salarios caídos y prestaciones.
El 11 de septiembre de 2017 las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local desecharon la solicitud de juicio político y declaración de procedencia, presentada por el apoderado legal de los ex trabajadores.
El juez Segundo de Distrito consideró infundada la causa de improcedencia invocada por los diputados locales para “sobreseer” la petición del ciudadano.
Además, se determinó que se soslayaron las tres fases del juicio político: la verificación de los requisitos, la acusación a cargo de la Comisión Permanente Instructora y la sentencia por conducto del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Fernando Charleston Salinas, Concepción Flores Saviaga y Andrés Salomón Rodríguez, magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Veracruz, son acusados de ser omisos en dictar las medidas pertinentes para hacer cumplir el laudo que ganaron los trabajadores municipales despedidos de manera injustificada.
Ahora el Congreso del estado deberá volver a analizar la solicitud de juicio político en contra de los magistrados del TECA por la violación a la “tutela judicial efectiva”.
“Dicten otro —acuerdo— siguiendo los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundando y motivando su determinación”, señala el juzgador que concedió el amparo 1142/2017.
