Culiacán, 14 de agosto.- La orden de aprehensión que se reactivó en julio pasado contra Héctor Melesio Cuén Díaz, exfuncionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acusado de presuntos negocios ilícitos en perjuicio de la institución quedó sin efecto al presentarse a la audiencia en la que fue vinculado a proceso.
Sara Bruna Quiñonez Estrada, fiscal General del Estado, dijo que se dejó sin efecto la orden de aprehensión que se había girado en su contra sobre esta causa penal, ya que él se acercó en forma voluntaria para atender la celebración de la audiencia inicial, la cual fue diferida en 12 ocasiones por el imputado.
La titular del órgano autónomo de justicia en el estado, sin dar mayores detalles, solo comento que este exfuncionario tiene otras denuncias en las que tendrá que atender los citatorios que se emitan para celebrar las audiencias respectivas.
En día primero de julio pasado, la propia Fiscal General del Estado reveló que se había reactivado la orden de aprehensión contra Cuén Díaz, en virtud que había perdido el juicio de amparo que interpuso ya que no se volvió a presentar a la audiencia inicial.
Lee también ¿Quién era Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa asesinado?
La tarde del martes pasado, la autoridad judicial dio a conocer que el hijo del diputado federal electo asesinado el pasado 25 de julio, Héctor Melesio Cuén Ojeda, del mismo nombre, fue vinculado a proceso por un Juez de Control por el delito de negociaciones ilícitas practicadas en los periodos de los años 2021 y 2022.
Se dio a conocer que tras haberse diferido en 12 ocasiones la celebración de la audiencia inicial por parte del hoy imputado, Héctor Melesio “C”, con justificaciones médicas y peticiones de su defensa, el exdirector de Bienes y Suministros de la máxima casa de estudios se presentó ante el Juez.
En la causa penal 857/2023 que derivó del cuadernillo penal 1098/2023, se obtuvo la vinculación a proceso del imputado, al que se le fijó como medidas cautelares seguir el juicio en libertad con presentaciones mensuales, no salir del país sin la autorización del juez y se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Los cargos que se le imputan por este presunto delito fue haber facturado a través de una empresa familiar el monto de $1,447.671.78 pesos, por consumos de alimentos y bebidas, cuyo monto fue cubierto por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
afcl/LL