Mérida.— Agrupaciones del Frente Nacional por la Familia Yucatán y Red Provida Yucatán declararon que las iniciativas para despenalizar el aborto y permitir los matrimonios igualitarios en todo el país deberían ser sometidas a consulta ciudadana, tal y como ha ocurrido con el nuevo aeropuerto y el Tren Maya.
A consideración de estos grupos, el gobierno federal electo debe escuchar a todos los sectores de la población antes de presentar propuestas en temas relacionados con derechos humanos, como sería esos dos casos.
En rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo de la Red Pro vida Yucatán, Salvador González, criticó una resolución recientemente emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina que la infidelidad sexual en el matrimonio no es un hecho ilícito ni amerita sanciones económicas.
“Permite la facilidad para que en la pareja pueda existir algo que hace tiempo se consideraba delito: poner los cuernos (…) por lo tanto, agrede a los valores familiares”, indicó.
Aunque manifestó que la solución a esta situación no es criminalizar la infidelidad, externó que “sería lo más sano” que el siguiente gobierno federal realice una consulta antes de promover iniciativas relacionadas con “la familia tradicional”.
González Gutiérrez, precisó que las consultas ciudadanas son una “pérdida de tiempo” y que el objetivo de éstas es demostrar que el siguiente Ejecutivo federal está “interesado en que haya un cambio”, además de que “no hay necesidad de que todo se ponga a discusión”.
Pese a esto, dijo que temas como el aborto y el matrimonio igualitario sí deberían ser sometidos a ese ejercicio de participación ciudadana.
“Valdría la pena que se analicen a fondo, hay cosas que se tendrían que ver con especialistas de ginecoobstetricia o con siquiatría, tal es el caso de la despenalización de la marihuana”, afirmó al ser entrevistado.
El presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán, Víctor Pinto, expresó que “si se considera el aborto una garantía, desde allí se está fallando”, porque “matar no puede ser visto como un derecho”.
Los activistas del frente nacional manifestaron también que “no están en guerra” con la administración federal entrante, sino que existe la necesidad de que ambas partes lleguen a acuerdos y convenios sobre los temas mencionados. “Respetamos sus opiniones (...) queremos establecer diálogos”, explicaron.