Más Información
Papantla.— Los gobiernos de Veracruz y del municipal de Papantla ofrecieron una disculpa pública por la desaparición forzada de los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, registrada en 2016.
Fue el 19 de marzo de ese año cuando policías municipales vulneraron las garantías a la libertad e integridad personal de los adolescentes, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 6VG/2017 por violaciones graves.
Después de dos administraciones, el gobernador estatal Cuitláhuac García Jiménez y el presidente municipal, Mariano Romero González, ofrecieron una disculpa a los familiares de las víctimas.
En la ceremonia, el mandatario afirmó: “Que los responsables enfrenten a la justicia y el Estado reconozca que se equivocó”.
Además, aseguró que se trata de aceptar la responsabilidad, debido a la desaparición forzada de Pérez Cruz, Morales Santiago y Ticante Olmedo, cuyos derechos fueron vulnerados por elementos de la policía municipal.
“Sus familiares tienen el derecho a la verdad, integridad y seguridad jurídica”, aseguró García Jiménez, al tiempo que lamentó que dos administraciones ocultaran actos delictivos de las corporaciones de seguridad e incluso se inculpara a las víctimas. Asimismo, condenó que en el bienio pasado no se acatara la recomendación emitida por el organismo.
El mandatario estatal destacó que el actual gobierno “atiende sus obligaciones, [además de que] cambió las actitudes de desdén a los reclamos de justicia y con toda humildad ofrece disculpas en nombre de quienes, en altos cargos, con escasa visión y políticas equivocadas, alimentaron la confrontación soslayando el respeto a la vida humana”.
En su momento, el primer visitador general del organismo autónomo de las garantías individuales, Ismael Eslava Pérez, consideró que esta acción representa la importancia de concientizar, a través de la memoria histórica, para que las violaciones a los derechos humanos no se repitan.
“Las autoridades asumen el compromiso de implementar medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, así como la reparación integral del daño y un diagnóstico para determinar si los policías municipales cumplen o no con los perfiles requeridos, cargo o comisión, tal y como se especificó en el documento recomendatorio [de la CNDH]”, precisó.
A su vez, el alcalde Papantla, Mariano Romero González, aceptó la responsabilidad de los servidores municipales y los actos que socavaron los derechos humanos de los tres jóvenes y posterior revictimización de las familias.
Aunado a ello, se comprometió a vigilar el cumplimiento a cabalidad de las observaciones e implementar las medidas necesarias. “Trabajaremos para garantizar el acceso a la justicia y que las víctimas indirectas reciban un trato respetuoso y digno”, aseveró.
