Cuernavaca.— era secretaria de Acuerdos en un juzgado penal de Jojutla cuando tomó la declaración preparatoria a un muchacho detenido por asaltar a los pasajeros de un camión.

Corría la década de los 90 y los jueces practicaban el sistema penal inquisitivo; tenían permitido preguntar al detenido si era adicto a las drogas. El joven respondió con la afirmativa.

La abogada leyó los cargos al detenido, frente a su abogado, le dijo que podría aportar las pruebas a su favor. El joven aseguró que no era responsable de la imputación, pero varios testigos lo señalaban como aquel que subió al camión y con un objeto punzocortante los amagó para despojarlos de sus pertenencias. Se le dictó auto de formal prisión.

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1.- Ángel Alberto Rodríguez Valerio dice que el programa contra las adicciones del TJT le salvó la vida.

2.- Guillermina Jiménez Serafín es la creadora del Tribunal de Justicia Terapéutica.

Fotos: Justino Miranda y Especial
1.- Ángel Alberto Rodríguez Valerio dice que el programa contra las adicciones del TJT le salvó la vida. 2.- Guillermina Jiménez Serafín es la creadora del Tribunal de Justicia Terapéutica. Fotos: Justino Miranda y Especial

Al paso de los años, la abogada escaló a jueza penal y en un día de guardia en el juzgado ayudó a tomar la declaración a los detenidos.

“Es un muchacho que se robó un tráiler, le quitó las llaves al chofer y se llevó el camión, pero fue detenido en la avenida Cuauhnáhuac, en Cuernavaca”, le informaron.

En ese momento, le tomó la declaración a ese mismo joven al que años atrás le habían dictado auto de formal prisión. Le preguntó si seguía con las drogas y la respuesta del joven fue que sí y que no había recibido ningún tratamiento.

El caso hizo reflexionar a la jueza sobre la necesidad de una oportunidad para los primodelincuentes con adicción a las drogas.

“Pensé: ‘si ese muchacho en aquel tiempo fue primodelincuente y el Estado no le dio una atención, pues algún día que las circunstancias me lo permitan voy a implementar algo para esos jóvenes que cometen delitos bajo los efectos de alguna droga’. Lo que vi es que ese muchacho se perfeccionó en el penal, cumplió su condena, pero no lo reinsertamos, no lo preparamos”, razonó.

La detención de Gustavo

De camino al municipio de Tlaquiltenango, al sur del estado, Gustavo y su novia sólo pensaban en encontrar a su proveedor de cristal para usar la pipa que llevaban lista. Ninguno de los dos se dio cuenta cuando la unidad policial les marcó el alto porque iban drogados.

De pronto, ambos estaban esposados, cubiertos de la cabeza y sometidos por los agentes de investigación que los llevaron, presuntamente, a una casa de seguridad.

Ahí los juntaron con otras cuatro personas, y en bola los pusieron a disposición del Ministerio Público acusados de portar unas 18 dosis de metanfetamina y un arma de fuego. La pareja nunca aceptó la posesión de droga y tampoco la pistola. —Fueron “sembradas”— dijeron.

Esa tarde Gustavo, de entonces 19 años de edad, estudiante de la carrera de ingeniería industrial, truncó su aspiración profesional, quebró a su familia y se vio tras las rejas.

Gustavo comenzó a beber en la secundaria y estando en el CBTIS, algunos días abandonaba la escuela para tomar, pero al final logró terminar. Luego, entró al Tecnológico de Zacatepec, pero con la llegada de la pandemia, del alcohol pasó al consumo del cristal, la droga que lo llevó a perder el control y a ser detenido.

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La tarde de su detención, Gustavo viajaba con su novia en la camioneta de su abuelo. Iban de Jojutla hacia Tlaquiltenango. Los agentes le encontraron la pipa como consumidor de cristal, igual que su pareja, una menor de edad.

“Ellos nos detienen y nos llevan en la camioneta de ellos y en el centro de Jojutla nos cubrieron con una cobija y nos dijeron que no hiciéramos ruido, que nos acostáramos detrás de los asientos de la camioneta. Escuchamos mucho ruido, como si se metieran a una casa, y de ahí sacaron a tres personas, y nos llevaron a la fiscalía y nos metieron con ellos en la misma carpeta, decían que ya éramos parte de una misma banda”.

Esa tarde del 5 de abril de 2022 la recuerda bien, porque estuvo tres días en los separos, y como día y medio en el penal de Atlacholoaya. En audiencia con el juez le ofrecieron el beneficio del Tribunal de Justicia Terapéutica porque era primodelincuente, podría cumplir su proceso en libertad.

El juez le dijo que podrían entrar al programa, y si cumplían con todas las etapas saldrían limpios, incluso sin antecedentes penales, además los ayudarían a rehabilitarse de su adicción a las drogas. Gustavo aceptó la propuesta.

El programa

En este mes, Guillermina Jiménez Serafín cumplirá 14 años como magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Es la creadora del Tribunal de Justicia Terapéutica (TJT) en el estado, cuya historia comenzó en 2013 con una beca que aprovechó para asistir al Congreso Internacional de Corte de Drogas, en Washing- ton, Estados Unidos.

A su regresó consideró el programa para ayudar a los primodelincuentes con adicción a las drogas, pero sólo en delitos menores.

Habló con la magistrada presidenta Nadia Luz Lara Chávez y obtuvo su venia. Luego acudió a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional contra las Adicciones y otras entidades del estado. Juntos crearon un programa que se llamó Programa Piloto de Tribunal en Tratamiento de Adicciones (TTA).

Estudiaron durante 2013 y acudieron a constantes capacitaciones a Monterrey, Nuevo León, primera entidad en aplicar este programa. En Morelos, el proyecto entró en operación el 14 de mayo de 2014 bajo la premisa de que la adicción es una enfermedad y que las personas no pueden dejarlo mientras no tengan apoyo y tratamiento, el cual dura de seis a 18 meses y consta de cuatro fases; en la tercera, cuando están próximos a concluir, son evaluados por un consejo multidisciplinario, hay preaudiencias con el “participante”, porque en ese tribunal no son tratados como delincuentes. El consejo revisa los ángulos de oportunidad, se les capacita en un oficio y se les buscan áreas de capacitación con los empresarios.

Morelos fue la segunda entidad en implementar este tribunal, pero a diferencia de Nuevo León, es el primer estado que tiene un manual de operaciones.

Además de los primodelincuentes, el TJT ya está ingresando en acuerdos reparatorios y en la ejecución de sentencias, siendo el único estado que tiene las tres modalidades. No sólo en suspensión condicional, sino en acuerdos preparatorios y cuando ya se haya dictado una sentencia de unos 20 años, se le da el beneficio de preliberación, siempre y cuando se sometan al tratamiento, explica la magistrada.

Hasta ahora el mayor número de “participantes” atendidos cometieron delitos contra la salud, narcomenudeo, lesiones y violencia familiar. En delitos de alto impacto como homicidio, violaciones y secuestro, no ingresan porque se establece que la media de sanción debe ser de cinco años de prisión.

En los 10 años de operación, el TJT lleva atendidos alrededor de 300 personas, y entre 80% o 90% han sido reinsertadas.

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La graduación

Ángel Alberto Rodríguez Valerio resume el éxito del programa: “En pocas palabras, me salvaron la vida”, dice el hombre frente a representantes de los tres Poderes del estado, en un evento para la firma del Convenio Marco de Justicia Terapéutica.

“Un día me detuvieron, me revisaron, encontraron algunas cosillas. Me dieron la opción del TTA, me invitaron y me dijeron que era un programa en el que asistiría a audiencias, visita de oficiales, doping. Ya me gradué, me adherí a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, porque cada día busco esa nueva oportunidad de vivir sin drogas y alcohol”, narra Ángel.

Los participantes llegan con adicción al alcohol, marihuana, cocaína, metanfetaminas y otras drogas modernas. Su graduación se da al concluir las cuatro etapas y reciben del juez un sobreseimiento que tiene efectos de sentencia absolutoria, pero en la graduación acuden todas las entidades que participan, y frente a ellos se entrega la carta de no antecedentes penales, como su certificado.

Gustavo, el joven de Jojutla, coincide en la efectividad del programa, porque lo ayudó a salir de las drogas. Las terapias, dice, son muy flexibles, pero son duros con la palabra.

Actualmente vive con su pareja, tienen un hijo, y retomó el oficio de la familia: la panadería.

Ocasionalmente pasan los policías para supervisar sus actividades y a veces lo someten al antidoping, pero desde que entró al programa dejó drogas, alcohol y tabaco. Gustavo tiene cita para el 12 de febrero para su graduación, en caso de que todo salga bien.

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