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Oaxaca de Juárez.— A pesar de que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez se ha gastado cerca de 80 millones de pesos en el traslado de desechos a otros estados por la llamada “crisis de la basura” durante más de seis meses, el gobierno municipal mantiene en reserva los contratos con la empresa encargada de ese servicio bajo el argumento de que pone en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad.
En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, el ayuntamiento declaró como reservados los datos relacionados con el traslado de los desperdicios a la ciudad de Cholula, Puebla, y al estado de Veracruz.
Este medio solicitó a la autoridad municipal copia del contrato o contratos celebrados durante los años 2022 y 2023 con la empresa Transportes Coordinados de la Verde Antequera, para el traslado de residuos sólidos al municipio de San Pedro Cholula.
También solicitó saber si fue ron otorgados mediante licitación pública o invitación restringida, los documentos de la convocatoria, bases, junta de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, y la notificación de fallo. Además, si el contrato o contratos fueron por adjudicación directa, cuáles fueron las razones para realizarlo de esta manera.
En su respuesta, el ayuntamiento argumentó que esta información debe declararse como reservada en forma temporal hasta que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez cuente con el espacio destinado para el depósito final de los residuos, ésto, con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“De publicitarse pondría en riesgo la vida y salud de las personas, por tratarse de información que atiende a la protección de un interés público superior para la sociedad, misma que de difundirse, pone en riesgo el almacenamiento final de los residuos que generan los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez”, señala el ayuntamiento la respuesta.
Consultado por EL UNIVERSAL, el alcalde Francisco Martínez Neri dio a conocer que lo gastado son casi 80 millones de pesos y aseguró que ya se “va a abrir” la información relacionada con los contratos para el traslado de la basura a otros estados y en los que se utilizan tráilers con góndolas.
Según Martínez Neri se reservó la información porque cuando empezó la “crisis de la basura”, a partir del cierre del relleno sanitario de Zaachila, les retuvieron camiones e incluso tuvieron que pagar “altísimas” indemnizaciones, por lo que consideraron que no era conveniente dar a conocer los lugares donde se estaba depositando. No obstante que son lugares que tienen un reconocimiento oficial, una certificación para recibir estos residuos, dijo.
También afirmó que el contrato se asignó por adjudicación directa “porque es un asunto bastante problemático de decidir”, por lo que el elegido es un conglomerado de sindicatos y empresas, y que los residuos se envían a Cholula, Puebla, y Veracruz.
“En Oaxaca hay una serie de sindicatos y empresas que manejan este tipo de transportación, hay cierta especialización y no cualquiera tiene góndolas, entonces tuvimos que buscar”, señaló el edil.
Martínez Neri detalló que a la empresa se le paga por viaje y aseguró que en dos semanas se brindará un informe a los regidores que conforman el ayuntamiento de la ciudad, y ahí se transparentará la información relacionada con este contrato y la empresa a la que se le asignó de manera directa.
Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL muestra que el ayuntamiento de Oaxaca contrató a la Transportes Coordinados de la Verde Antequera S.A. de C.V., y que por cada tras- lado de residuos sólidos paga 63 mil 800 pesos.
Esta empresa fue creada el 8 de enero de 2015 en el municipio de Zimatlán de Álvarez, ante el notario público Eduardo García Corpus, hijo del exdiputado por el PRI, Manuel García Corpus, con un capital de 500 mil pesos y en sociedad de Alejandra Cuevas Anguiano, Norma Irma Rivera Piñón y Aurora Elena García Ríos.
El 17 de enero de 2018, estas tres socias cedieron “a título gratuito” todas sus acciones a Ignacio Germán Jerónimo Luis y a Erminia Méndez Ramírez, bajo el argumento de que “ya no les seguirá siendo posible estar en la sociedad”.
