Oaxaqueñas, sin acceso real a decidir

Oaxaca de Juárez.—A más de tres años desde que se despenalizó el aborto en Oaxaca y se reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, en la entidad no existe un acceso real a la interrupción legal del embarazo, tampoco hay garantías para aquellas mujeres que deciden ser madres, pues decenas de ellas han sido obligadas a no tener a sus hijos, de acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto, en las cuales sólo se ejerce acción penal por ese delito cuando se trata de una interrupción obligada y que este 2023 muestra un incremento alarmante.

A partir del 25 de septiembre de 2019, fecha en la que Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, después de la Ciudad de México, las instituciones de salud pública de la entidad adquirieron la obligación de ofrecer el servicio de forma gratuita.

Hasta entonces, datos oficiales indican que en Oaxaca existían 60 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, mientras que, de acuerdo con el Congreso local, cuando el Código Penal se modificó para permitir la interrupción legal del embarazo, había 20 personas presas por cometer dicho delito; no obstante, las mujeres que fueron encarceladas por decidir no continuar un embarazo fueron liberadas luego de que en noviembre de 2021 se aprobó la Ley de Amnistía.

Consultada por EL UNIVERSAL, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que en la entidad actualmente ya no existe ninguna mujer presa por decidir interrumpir un embarazo y que desde su despenalización no se ha ejercido acción penal contra ninguna de ellas.

No obstante, tras la liberación de todas las mujeres presas por abortar, una quedó recluida en una prisión de Oaxaca por el delito de aborto.

Aborto forzado

De acuerdo con la Dirección General de Reinserción Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), la última mujer presa por el delito de aborto en Oaxaca actualmente tiene 38 años y está en prisión desde el año 2018, luego de que fue puesta a disposición del Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Sin embargo, el caso de esta mujer es distinto y por ello no se vio beneficiada por la Ley de Amnistía, esto dado que está en prisión por la comisión de varios delitos, entre éstos, el aborto inducido a otra mujer: su hija menor de edad.

La información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL detalla que se trata de una mujer que obligaba a su hija menor de edad a prostituirse, y cuando ésta, tras diversos encuentros sexuales, resultó embarazada, la madre la obligó a abortar.

La mujer, quien lleva cinco años de prisión, ya fue sentenciada, por el delito de aborto y por el de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual infantil. Esto dado que la reforma al artículo 313 del Código Penal oaxaqueño que se aprobó en 2019 define el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada.

Ya desde mayo de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó a investigar el caso, pues suponía que se trataba de una mujer que fue aprehendida por abortar; no obstante, hasta el momento, el organismo no ha informado su resolución.

Impedir la maternidad

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre octubre de 2019 y octubre de 2023 en Oaxaca se han iniciado 39 carpetas de investigación por el delito de aborto, pero dado que las mujeres desde septiembre de 2019 tienen derecho a interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas, las personas a quienes se les imputa este delito son terceros que de forma directa o indirecta obligan a una mujer a abortar.

La fiscalía explica que estas carpetas se inician ante casos de violencia familiar que derivan en abortos.

Esta instancia de procuración de justicia profundiza que, en otros casos, cuando por ejemplo familiares denuncian a mujeres por abortar, debido a la legislación vigente se determina el no ejercicio de la acción penal y por tanto no se continúa la investigación, por lo que las cifras actuales se refieren en su mayoría a abortos inducidos o forzados.

Las cifras muestran que este delito se ha disparado en la entidad, pues del total de las 39 carpetas iniciadas desde la despenalización a la fecha, los primeros nueve meses de este 2023 concentran 41%. En otras palabras, más de cuatro de cada 10 casos se han registrado este año.