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San Raymundo Jalpan.— El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a su Constitución en materia de migración, con la cual el gobierno estatal tendrá que convertirse en garante de los derechos humanos para los migrantes oaxaqueños y extranjeros.
En sesión extraordinaria, el pleno autorizó la modificación al 32 párrafo del artículo 12 de la Constitución Política de Oaxaca, el cual ahora establece que sin importar el origen de las personas, el gobierno estatal deberá velar por sus derechos humanos principalmente de los menores de edad, mujeres y víctimas de algún delito.
“El estado dentro de su territorio velará por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes y brindará asistencia integral a ellos y a sus familias, tanto nacionales como extranjeros, sea cual sea su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes, personas de la tercera edad y víctimas de delito”, se establece.
El decreto fue impulsado por la diputada de la fracción parlamentaria de Morena Elena Cuevas Hernández, quien argumenta que la situación migratoria de una persona no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y ahora en la Constitución local, con esta reforma aprobada.
La nueva legislación establece el respeto tanto para migrantes oaxaqueños como extranjeros que transitan por la entidad, la cual es una de las cinco del país con alto grado de intensidad migratoria, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“México y, desde luego, nuestra entidad, no están exentos de este fenómeno mundial. Por nuestra condición socioeconómica, nuestra historia y ubicación geográfica, tenemos una dinámica migratoria alta. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), México-Estados Unidos es el principal corredor de tránsito en el mundo con 9.3 millones de migrantes”, señala la legisladora.
De acuerdo con el dictamen, Oaxaca es uno de los estados que por su ubicación geográfica recibe a miles de migrantes centroamericanos, quienes en su intento por llegar a Estados Unidos cruzan México y muchos han sido víctimas de diversos delitos.
“Según el Instituto Nacional de Migración (INM), seis de cada 10 migrantes reportaron algún tipo de abuso en Chiapas y Oaxaca. Los migrantes que transitan por nuestro estado han tenido graves problemas de violaciones a sus derechos humanos por bandas de criminales e, incluso, de algunos policías municipales, estatales y federales”, acusa la diputada.
Reconoce que aunque no existen cifras precisas, se estima que cada año ingresan unos 250 mil extranjeros por la frontera sur de México, de manera irregular, por lo que es urgente garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.
EL UNIVERSAL publicó el 1 de julio que según datos del INM los centroamericanos repatriados desde Oaxaca a sus países de origen aumentaron 127% en los primeros cuatro meses de 2019, y un total de 2 mil 137 migrantes han sido devueltos a sus países de origen.
De ellos, 636 casos se trataron de retornos asistidos de menores.
Protección a paisanos. Esta reforma constitucional no sólo protege a los extranjeros en su paso por Oaxaca, sino también a las 150 mil personas del estado que emigran hacia Estados Unidos anualmente y a otros 250 mil que son trabajadores migrantes en estados del norte del país, como Sinaloa, Sonora y Baja California.
Con esta reforma, las instituciones del Poder Legislativo deberán reforzar “las diversas manifestaciones de identidad cultural de la población indígena y afromexicana migrante en los lugares de destino, con acciones que fortalezcan la vinculación familiar y comunitaria de esa población”, refiere.