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Más de mil días de sed después de ser despojados de las tierras donde se asienta su manantial, y tras cuatro meses de enfrentar la pandemia de Covid-19 sin agua potable , este jueves se realizará la última audiencia en el juicio de amparo sobre la situación que viven los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca.
Se trata de la audiencia constitucional en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas y alegatos presentados por cada parte, y con la cual empieza el computo de días para que un juez federal dicte sentencia.
Dicha sentencia es de tal relevancia que, pese a que los juzgados se mantienen cerrados por la pandemia y siguen suspendidos los plazos procesales, audiencias y dictado de sentencias, la audiencia constitucional del caso de Ayutla Mixe se llevará acabo por orden expresa del Poder Judicial de la Federación, por estar relacionada con el derecho humano al agua.
Lo anterior “ya que el presente juicio, tramitado físicamente, se encuentra en estado de emitir sentencia, además de señalar como acto reclamado el corte al suministro de agua de la comunidad San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, que resulta necesaria para su subsistencia”, señala el Consejo de la Judicatura en la síntesis del caso.
La llegada de esta asamblea como preámbulo de una nueva sentencia es resultado de tres años de diligencias legales que comenzaron el 8 de agosto de 2017, cuando Ayutla presentó una demanda colectiva y se amparó tras el despojo de su manantial a manos de un grupo armado de Tamazulápam del Espíritu Santo, comunidad vecina, que también destruyó su infraestructura hidráulica, que consistía en dos tanques valuados en más de 1.5 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente del amparo con folio 795-2017, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Oaxaca, tras el análisis de pruebas documentales y testimonios, en marzo de 2018 se dictó una primera sentencia a favor de Ayutla, en la cual se determinó que la población vivía una grave violación a los Derechos Humanos.
Según esa primera sentencia, las autoridades municipales de Tamazulápam tenían que reconstruir los tanques; mientras que el gobierno estatal debía vigilar que no se obstaculizara la reconexión de Ayutla a su manantial.
Pero los casi 3 mil habitantes de la cabecera municipal de Ayutla, considerada la puerta de la región mixe, no sólo no fueron reconectados al agua, sino que la autoridad de Tamazulápam solicitó una revisión de la sentencia, la cual fue aceptada en diciembre pasado en un juzgado de Acapulco, Guerrero.
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Con esta decisión, se determinó que una parte del proceso tenía que reponerse, se convocó a un tercer interesado, la autoridad de Bienes Comunales de Tamazulápam, y se profundizó la investigación sobre los 25 solares de tierras (150 hectáreas) despojados, en el Archivo General Agrario, y respecto a la concesión que tiene Ayutla desde 1999 sobre el manantial, en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Tras la reposición de una parte del proceso, y a tres años de la solicitud del amparo, este jueves comenzará la recta final del juicio para que un juez federal emita una nueva sentencia sobre el caso.
De acuerdo con Joaquín Galván, habitante de Ayutla y quien ha acompañado el proceso legal, la sentencia que se emitirá es de carácter histórico, puesto que se traduce en que mediante la ley un juez garantice el derecho humano al agua a una comunidad que desde hace tres años no tiene acceso a ella.
“La sentencia podría sentar un precedente histórico en Derechos Humanos, porque así como un juez puede garantizar el acceso al agua como un derecho humano, también puede validar la tortura y el condicionamiento de ese derecho como mecanismo para el despojo de los recursos naturales de una comunidad”, explica.
De no ser favorable la sentencia para Ayutla y su gente que ha vivido tres años de sed, se podría solicitar de nueva cuenta la revisión del caso, y los tiempos legales podrían seguirse alargando.
Además, la exigencia de justicia podría llevar el caso a un tribunal colegiado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala Joaquín, quien insiste que por la relevancia de la sentencia, toda la sociedad y organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos deben estar vigilantes de lo que se resuelva a partir de este jueves.
Ante la situación que viven los pobladores de Ayutla y al avance en el país de la pandemia de Covid-19, en abril pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a autoridades estatales y federales garantizarles el derecho al agua.
Para ello dictó medidas cautelares a favor de la comunidad en un documento dirigido al gobernador Alejandro Murat, a Blanca Cisneros, directora de Conagua, y a la Secretaría de Gobernación (Segob), pues el órgano autónomo consideró que “al no tener garantizado su derecho al acceso al agua, les resulta imposible implementar las medidas preventivas y de mitigación para evitar los contagios evitados por el virus”.
Foto: Archivo
