Hermosillo.— “¡Nunca dejaré de buscar a mi hijo, aunque me maten! Me pidieron que pare de buscar, pero no lo haré”, asegura Francisca Leticia, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue privada de la libertad por encapuchados durante el fin de semana.
Leticia busca a su hijo Alice Alfredo Rousse Álvarez, desaparecido el 27 de julio de 2020, y a su esposo Julián Francisco Castillo Félix, desaparecido el 17 de agosto de 2020, en Hermosillo.
“Desde que me llevaron pensé que ya no iba a volver. Me sacaron de mi casa con la cara tapada, nadie se dio cuenta; sólo una vecina alcanzó a ver movimiento pero nunca se imaginó lo que estaba pasando”, relata.
Todo pasó muy rápido. Cuando Leticia se arreglaba para ir a la fiesta de cumpleaños de su hija, al menos seis hombres armados entraron a su casa, revolvieron todo, le robaron pertenencias, electrodomésticos y hasta muebles, y se la llevaron también a ella.
Convaleciente, con las huellas de la tortura recibida: cachazos de arma de fuego, tablazos, toques eléctricos y hasta quemadura con un soplete en una de sus piernas, narra a EL UNIVERSAL el infierno vivido en las horas en que estuvo en cautiverio.
Comenta que los hombres le exigían una tarjeta de banco, propiedad de su esposo, pero ella asegura que nunca ha tenido una tarjeta.
Tirada en el suelo, fue humillada y golpeada en diferentes lapsos por varias personas, no le creían que no tuviera una cuenta bancaria.
“Luego me pedían que dejara de buscar [a su hijo desaparecido], pero es inútil eso. ¡Así me maten!, ¿cómo voy a dejar de buscar a mi hijo?”, se cuestiona.
“Si por parte del Comisionado de Búsqueda de Sonora no tenemos ningún apoyo, no nos ayuda, no se me hace justo dejar de buscar nomás porque ellos quieren. Ni modo, así muera, no voy a dejar de buscar”, expresa.
Confiesa que sí tiene miedo, pero necesita encontrar a su hijo. Incluso, ya tiene una pista, ún anónimo le ha dicho dónde se encuentra. En eso estaba, coordinando la búsqueda con retroexcavadora, porque según el informe, en ese lugar está su hijo y otras dos personas más.
“Tuvo mucha suerte, la vamos a soltar”, le dijo un sicario.
“Yo nomás los escuchaba, ni modo que me pusiera a contestarles”, relata.
Su primer deseo fue ver a su madre. Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) la llevaron a verla así como la encontraron, toda golpeada, luego fue trasladada al hospital y la madrugada del lunes fue dada de alta.
Actualmente convalece en un domicilio de Hermosillo, resguardado por elementos de seguridad pública.
A través del colectivo de búsqueda, Leticia ha sido contactada por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en cuanto se recupere irá a un refugio.
Obligadas a desplazarse
Las amenazas del crimen organizado contra integrantes de grupos de búsqueda han obligado al desplazamiento forzado de varias mujeres.
En junio de 2019, María Teresa Valadez Kinijara, fundadora del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, fue amenazada de muerte y desde entonces se encuentra fuera del estado, protegida por el Mecanismo.
Valadez Kinijara busca a su hermano Fernando, de 30 años de edad, un pescador de Empalme que fue levantado el 11 de agosto de 2015.
Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, fue acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tras una serie de amenazas de muerte que recibió desde el pasado 28 de julio. Ella busca a dos de sus hijos, desaparecidos en 2015 y 2019.
Ante esta situación, la activista urgió a la Fiscalía de Sonora para que agilice las investigaciones sobre las amenazas en su contra, sobre todo porque les ha aportado pruebas de quienes tratan de intimidarla.
Esta suerte no la tuvo Gladys Aranza Ramos Gurrola, quien recibió varias amenazas de muerte para que dejara de buscar a su esposo, Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre de 2020.
El pasado 15 de julio, hombres armados irrumpieron en su vivienda; ella fue localizada sin vida en la entrada de la comunidad rural de Ortiz, municipio de Guaymas, Sonora.
Este grupo de búsqueda de personas desaparecidas es el que más amenazas ha sufrido. Tiene su sede en Hermosillo y cuenta con presencia en Villa Juárez, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Caborca, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado; en el resto de los municipios hay una representante.
Desde su creación, este organismo ha localizado poco más de 500 cuerpos y 300 personas con vida entregadas a sus familiares. También ha ubicado más de 300 fosas clandestinas.
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