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Monterrey, NL.- El gobierno de Nuevo León , por acuerdo que se tomó en sesión del Comité de Contingencias Hidrometeorológicas, que conforman dependencias federales y estatales, solicitará al gobierno federal la declaratoria de emergencia por sequía en 48 de los 51 municipios del estado.
El acuerdo se tomó durante una sesión del mencionado comité que se realizó de manera virtual, y que estuvo presidida por el director estatal de Protección Civil, Miguel Ángel Perales, con participación de los directores de las unidades municipales de Protección Civil, además, del organismo Agua y Drenaje de Monterrey, Conagua y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Nuevo León.
Según información que dio a conocer Amalio Cardona, director técnico del Organismo Cuenta Río Bravo de la Conagua, el estado enfrenta un panorama crítico debido a la sequía que se registra en la entidad desde agosto de 2020, con precipitaciones por debajo de la media esperada.
“Este panorama afecta de manera directa al sector agropecuario por la escasez de agua y la disminución de vegetación”, comentó por su parte Doroteo Treviño Puente, Coordinador de Sequias de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el Estado.
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Treviño Puente añadió que muchos municipios del estado permanecen en situación de sequía extrema , situación que se ha reflejado también en la baja captación de las presas que Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo, que se utilizan para el abasto de la población metropolitana y tienen un llenado promedio del 50 por ciento.
Al respecto, José Rivera Zamora, jefe de seguridad de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, puntualizó que el agua disponible en las mencionadas presas garantiza el consumo para menos de un año y la falta de lluvias se ha reflejado también en la escasa recarga de los pozos.
La sequía ha propiciado también la propagación de incendios forestales , manteniéndose activos al día de hoy cinco siniestros en municipios del sur del estado.
Ante la situación imperante, se acordó durante la reunión diversas estrategias y acciones emergentes que son entre otras, la instalación de equipo de bombeo, el retiro o cierre de redes de agua potable en parques y jardines públicos, la modulación de presión en las redes de distribución, así como el reparto de agua potable en pipas en comunidades de municipios rurales y la aplicación de sanciones a los usuarios que hagan mal uso del vital elemento.
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apr/rcr