Cuernavaca.- El exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu fue notificado del juicio político que sigue el Congreso de Morelos en su contra, por lo que tendrá un plazo de 15 días para contestar, informó el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González.
En conferencia de prensa tras la sesión de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el legislador dijo que el secretario técnico de la comisión acudió al domicilio del exmandatario, en donde se dejó a las personas encontradas la notificación de dicho procedimiento en su contra.
La solicitud de juicio político interpuesta por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Samuel Sotelo Salgado, explicó Casas, también es en contra de la extitular de la Secretaría de Hacienda, Adriana Flores Garza, quien su domicilio difiere con el señalado en autos, mientras que Jorge Michelle Luna, quien también ocupó dicho cargo, fue notificado personalmente la mañana de este miércoles.
Con ese procedimiento, el exgobernador, surgido del PRD, tiene 15 días hábiles para contestar la denuncia, en donde deberá designar un domicilio y un abogado para recibir notificaciones, ya que en caso de no contestar, se perderá el derecho a la presentación de pruebas a su favor.
Con ese avance, expuso el diputado José Casas, se refrenda el compromiso con la justicia y de llevar al exmandatario morelense a responder al pueblo de Morelos por lo que hizo durante su administración.
En noviembre de 2019 la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso de Morelos consideró procedentes dos solicitudes de juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez Garrido y los exsecretarios de Hacienda y de la Contraloría del estado, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente, por causales de omisión.
La diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, presidente de la JPyG, precisó que las solicitudes de juicio político fueron presentados el pasado 27 de septiembre por el consejero jurídico del Gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, bajo causales de omisión porque el exgobernador no transfirió en tiempo y forma el recurso autorizado a la Fiscalía General del Estado y esa falta, a criterio del denunciante, afectó las funciones de la institución con respecto a la investigación, prevención del delito, asesoría legal y garantizar el debido proceso, entre otras afectaciones.
La segunda solicitud de juicio político estriba en otra omisión de Graco Ramírez por no entregar los recursos aprobados por el Legislativo al Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en pleno proceso electoral, lo que en la denuncia se considera como una transgresión a la autonomía y operatividad del Instituto.
Flores Espinoza explicó que el estudio de las solicitudes de juicio político arrojó que reúnen los requisitos exigidos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, para calificar su procedencia.
Con antelación el Consejero Jurídico señaló que “la caja entregada al Congreso contenía documentales certificadas que fueron proporcionadas por las áreas correspondientes, y si bien el juicio político no deriva en una sanción que amerite cárcel, sí faculta a la autoridad pertinente a dar vista al Ministerio Público para que, de existir conductas delictivas, también se pueden sancionar en dicha instancia”, señaló.
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