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El gobierno de Morelos afirmó que la suspensión provisional, concedida por un juzgado federal a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para que el gobierno libere las partidas presupuestales retenidas desde julio pasado, no surte efectos debido a que los recursos, materia del acto reclamado, ya fueron transferidos a la máxima casa de estudios.
Así lo afirmó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, al precisar que los motivos que causaron el juicio de amparo fueron cumplidos a través de los depósitos efectuados en días recientes.
“Los 50 millones 902 mil pesos del subsidio federal fueron entregados a la Universidad el pasado 30 de agosto; los 22 millones 410 mil pesos de la segunda quincena de julio, más 9 millones 410 mil pesos de la primera quincena de agosto, se entregaron a la universidad el 5 de septiembre a la par de 16 millones 100 mil 973 pesos”.
El portal de transparencia del gobierno del estado subraya que los recursos debieron ser entregados a la UAEM el 16 de agosto.
Por su parte, Matías Quiroz recriminó a la UAEM la omisión de 2 millones 196 mil 182 pesos por concepto de aportación de un programa federal.
En el juicio de amparo el secretario general de la UAEM, Víctor Manuel Patiño Torrealva, exige del gobierno estatal la entrega de un subsidio federal de convenio por 50 millones 902 mil pesos, el subsidio estatal correspondientes a la segunda quincena de julio, primera y segunda quincena del mes de agosto por la cantidad de 22 millones 410 mil pesos cada una, así como un subsidio federal por convenio de apoyo a problemas estructurales por un monto de 16 millones 100 mil 973 pesos.
El secretario de Gobierno aseguró que no tienen ninguna notificación de la suspensión concedida por un juzgado federal, pero se enteraron por la difusión que dio la UAEM al resolutivo judicial.
Por eso afirmó que esperarán el aviso oficial, pero adelantó que harán valer la defensa correspondiente y su presunta improcedencia en la audiencia incidental programada para el próximo 18 de septiembre.
Matías Quiroz dijo en conferencia de prensa que la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en materia federal es totalmente congruente con las acciones que el gobierno desarrolló para asegurar que los recursos otorgados a la Universidad se apliquen a los fines establecidos en el convenio del 13 de enero de 2016. Los puntos de suspensión subrayan que no se permite a las autoridades universitarias emplear el dinero en fines distintos al avalado en los programas nacionales o estatales en el que participan.
Las autoridades universitarias deberán facilitar la fiscalización por parte de la ASF en lo relativo a los recursos federales, así como de las autoridades competentes en lo referente al recurso estatal, y destinar el apoyo financiero que reciba al cumplimiento del objeto de los convenios, de conformidad con los establecido en los anexos de ejecución.
La suspensión es parte de actos reclamados por ambas partes, Ejecutivo y Universidad. El primero acusa presunto desvío de recursos en contra del rector Alejandro Vera; la instancia educativa presentó denuncias por el recurso retenido.
