Tijuana.— El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, advirtió a su gabinete que “no hay vacas sagradas… el que se equivoca, se va”, luego de que dos extitulares dejaran sus cargos para ser investigados por actos de corrupción al presuntamente pedir dinero a empresas a cambio a asignarles contratos.
“La administración pasada jamás despidió a nadie porque todos eran santitos y correctos, pero si hay situaciones en las que el gobierno anterior trata de infiltrar como han estado haciéndolo… pues lo vamos a detectar”, dijo Bonilla Valdez en un mensaje en redes sociales.
Aunque no mencionó los nombres de los servidores públicos, desde las primeras horas del lunes, el gobierno estatal difundió un comunicado en el que informó sobre la toma de protesta de los nuevos servidores públicos que ocuparon los espacios de quienes son investigados.
Se trata de los titulares de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, cargos que recayeron en Héctor Mares Cossío y Laura Torres Ramírez, respectivamente; en sustitución de Jesús Núñez Camacho y Cynthia Giselle García Soberanes.
Los ahora exfuncionarios solicitaron licencia para retirarse y dejar que la Secretaría de Honestidad y Función Pública, como la Fiscalía General, realicen las investigaciones.
En el caso de la exsecretaria de Integración y Bienestar Social, desde el fin de semana pasado se filtraron imágenes y audios en los que supuestamente se enojaba porque no le habrían pagado una cantidad de dinero que pidió. Tras las publicaciones, la exfuncionaria fue hospitalizada por una crisis nerviosa.
El ahora oficial Mayor, Héctor Mares Cossío fue diputado federal suplente, funcionario público federal y diputado local en la pasada Legislatura. En tanto, la nueva secretaria de Integración y Bienestar Social, Laura Torres Ramírez, fue diputada de la XXI Legislatura del estado, donde gestionó servicios sociales como becas, construcción de casas, entrega de uniformes escolares y apoyos a los grupos más vulnerables.
