Tras lamentar el asesinato del ómbudsman de Baja California Sur, Lizet Collins, visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y encargada de despacho, reconoció que no contaban con un protocolo de seguridad.
Entrevistada por EL UNIVERSAL, señaló que recién se había aprobado la nueva Ley de la Comisión, aprobada a finales de octubre, y se trabajaba en una reestructuración y en nuevos reglamentos, incluyendo protocolos de actuación en situaciones de riesgos.
Manifestó que los protocolos que conocían eran los generales, según los lineamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); no obstante, frente al contexto de violencia en BCS, en las modificaciones a la ley del organismo ya se tomaba en cuenta la necesidad de establecer protocolos específicos para defensores de los derechos humanos.
“Debía estar acorde a los tiempos actuales y en ello estábamos trabajando, en tener nuestro marco jurídico de vanguardia. Por ejemplo, poder tener visitadurías generales, adecuaciones en materia de tratados internacionales, entre otros.
“No teníamos algo contundente como medidas de protección. Nosotros trabajábamos todos los días, como siempre, y jamás imaginamos que algo como esto iba a suceder”, indicó Collins.
Recordó que la legislación con que contaba la CEDH hasta antes del mes pasado era de 2005 y por ello ser armonizó con la reforma constitucional de 2011.
“Platicábamos sobre estos temas, y estábamos justo en ese momento de transición de una ley a otra, lo estábamos contemplando [el protocolo], pero nunca pensamos en que pudiéramos tener una situación de riesgo y menos como lo que nos ha sucedido. Han sido horas muy difíciles”, concluyó.