Tras la suspensión otorgada al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda , para evitar ser vinculado a proceso y que se continúen asegurando sus bienes , la Fiscalía del estado negó que se trate de una persecución política , como lo argumentó el ex mandatario al solicitar la medida cautelar , por lo que la dependencia estatal consideró que el juez se equivocó.
“La investigación que se sigue en contra del ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, así como las actuaciones del Ministerio Público son parte de un p roceso estrictamente apegado a derecho y en atención a la denuncia presentada por los probables delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y desvío de recursos, y de ninguna manera se trata de persecución política con tintes electorales”, indicó la dependencia en un comunicado.
La Fiscalía afirmó que el juez quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en el estado de Jalisco , quien otorgó al ex gobernador la protección de la justicia federal, tuvo un error de apreciación al considerar que, con la investigación, se atenta contra los derechos humanos del ex gobernador .
Señaló que la determinación del juez no implica que la investigación se detenga, por lo que se continúa integrando la carpeta de investigación con elementos de prueba necesarios para determinar si Sandoval Castañeda es responsable o participó en los delitos de los que se le acusa .
“Las actuaciones realizadas hasta el momento por esta Fiscalía no significan un perjuicio al ex gobernador, su familia ni personas relacionadas en las investigaciones, ni contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, el parámetro que toma en cuenta el juez para conceder el amparo es que, de no otorgarse la suspensión, pudiera causarle perjuicios irreparables al quejoso”, afirmó la Fiscalía.
Además, aseguró que la suspensión otorgada a Sandoval Castañeda tampoco implica impunidad, pues el juez federal aún debe determinar la constitucionalidad de los actos reclamados al resolver en definitiva el amparo.
“La Fiscalía General del estado de Nayarit mantiene firme la obligación constitucional de investigar y perseguir los delitos y asume el compromiso público de la búsqueda de la verdad y de resarcir el daño ocasionado transparentando el procedimiento por ser de interés público, cumpliendo en todo momento las directrices constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción , velando por que se sancionen todos los actos de servidores públicos y partícipes que atenten en contra del patrimonio de los ciudadanos”, concluyó la dependencia.
etp