Sobre el bulevar Camino Nacional de Río Blanco, Veracruz, se observan los daños que dejaron las balas. Aquella tarde, 10 de marzo de 2018, policías estatales y los tres ocupantes de una camioneta se enfrascaron en un tiroteo —según versiones oficiales—, con saldo de un hombre y dos mujeres muertos.
El estallido de las balas lo escucharon por igual, en las calles, comercios, viviendas y el deportivo. Algunos ciudadanos que fueron testigos, tienen su versión del hecho; a otros, el susto no les permitió entender lo que pasaba. Hoy, unos y otros callan, nadie quiere hablar del tema.
Añadía que fueron asegurados un fusil AR-15 y dos pistolas. “El gobernador Yunes reitera la instrucción a las corporaciones policiacas de ser implacables contra la delincuencia”.
El hecho pudo quedar archivado como uno más de los incidentes delictivos, frecuentes en la zona, pero varias fotografías —cuyo autor se desconoce— que circularon en las redes sociales después de la balacera, desataron la duda de que se trató de un enfrentamiento.
Cinco días después, en conferencia de prensa, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, vinculó a los tres con la delincuencia organizada, entre otras cosas, señaló que en el lugar del tiroteo se efectuaron 31 disparos, de los cuales 16 fueron percutidos, presuntamente por las armas de fuego que portaban José Eduardo “N”, Nefertiti “N” y Grecia “N”, según los resultados de rodizonato.
En respuesta, organizaciones civiles levantaron la voz para señalar que en la investigación, las personas fallecidas han sido revictimizadas, discriminadas y vulnerado su derecho de presunción de inocencia.
Controversia por la foto
En una fotografía se aprecia a una de las menores malherida sentada sobre el pavimento y frente a ella, de pie, un oficial policiaco; otra toma muestra a la misma joven tendida bocabajo, fallecida.
Un perito en criminalística y un agente federal consultados consideraron que la sola fotografía “no era concluyente”, pues pueden existir muchas hipótesis, desde una ejecución extrajudicial, hasta que la joven, herida de muerte, se haya levantado por la adrenalina del momento y después fallecido.
“En los enfrentamientos, las personas que resultan heridas muchas veces se levantan por la adrenalina, aunque estén heridas de bala y a los pocos segundos mueren”, explica uno de ellos, quien insiste que la imagen no permite vislumbrar que ocurrió en realidad.
En contraparte, Ángeles Díaz, del Colectivo Solecito, señala que las fotos vislumbran una evidente ejecución extrajudicial y una fuerza desmedida de los agentes estatales, los cuales —recuerda— se ha demostrado que han participado en asesinatos extrajudiciales.
“La ejecución extrajudicial, de acuerdo a las fotos, es evidente (…) los policías no tienen ningún rasguño, las armas aparentan haber sido sembradas, vemos cómo en la foto el policía que se yergue sobre la niña como un esbirro y la criatura está sentada en el suelo”, afirma la integrante de una de las organizaciones más respetadas de búsqueda de personas desaparecidas y de localización de fosas clandestinas.
Para la Fiscalía General del Estado, la imagen pixelada de baja calidad que circuló en redes sociales “se encuentra posiblemente manipulada a través de retoque fotográfico”, según un análisis forense preliminar, sustentado en un software especializado forense.
La revictimización
Diversos sectores sociales y políticos —que consideran no hay claridad de lo ocurrido— demandan investigar los hechos a profundidad, incluso ante organismos internacionales.
Ante la presión social, el fiscal Jorge Winckler Ortiz dio a conocer sus investigaciones, pero —acusan ONG— revictimizó, discriminó y vulneró el derecho de presunción de inocencia de las niñas. El funcionario estatal reveló que se realizó un perfil sicológico (cuando realmente se trata de una autopsia sicológica utilizada sólo para suicidios) y de trabajo social de las menores, así como entrevistas directas con familiares, amistades y vecinos.
Dejó claro que los tres fallecidos pertenecían a una célula delictiva, vinculada a Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas o Bukana, un líder huachicolero con fuerte influencia en el estado de Puebla que ha logrado evadir operativos de captura incluso de la Secretaría de Marina-Armada de México.
El fiscal —incluso— dio a conocer tatuajes con símbolos de pertenencia a esta célula, como la misma forma de revólver que portaban José Eduardo “N” y Nefertiti “N”, presuntamente elaborados en el mismo lugar y en el mismo momento, hace un par de meses.
Otro símbolo de identidad de la célula delictiva presentada por autoridades fue el tatuaje que tenía Grecia “N” en su mano derecha, con forma de la mitad inferior de una calavera, que para las autoridades presumiblemente se complementa con la mitad superior de otro miembro del mismo grupo.
Organizaciones civiles, como Espacio de articulación por los derechos de la infancia y adolescencia en Veracruz, Red por los Derechos de la Infancia en México y World Vision México, entre otros, rechazaron la constante criminalización de las jóvenes por su condición de género, edad, condición socio-económica y origen étnico.
La fiscalía viola la ley general de víctimas y el nuevo sistema de justicia penal porque hizo una demostración de destrozar y desprestigiar la personalidad de las niñas y “las ponen como monstruos”, advirtió, por su parte, la activista.
Ángeles Díaz recordó que se descubrió que una de las víctimas era youtuber y era claro en sus videos que no es un monstruo como la describen las autoridades. En los videos de Nefertiti, aparece sin tatuajes.
“Suponiendo, sin conceder, que fueran delincuentes, no merecían ser ejecutadas y no merecían ser desprestigiadas, en Veracruz se necesita reconstruir el tejido social y para lograr esto no se puede permitir la actuación así de la policía y de la fiscalía”, insistió.
La activista afirma que si la Policía Estatal o la Fiscalía insisten en negarse a una ejecución extrajudicial entonces “que lo demuestren con pruebas”.
La madre sólo quiere llorarles
La tragedia y el silencio llegaron de la mano a la casa de Cintia, madre de Nefertiti y Grecia, una humilde vivienda, con ladrillos pintados en color verde agua, donde yacen dos moños blancos en señal de luto.
La mujer se ha negado reiteradamente a que la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos intervenga en el caso, porque —dice— lo único que quiere es estar en duelo. Se niega a hablar de la vida de sus hijas y de ella. Y así lo ha hecho saber a enviados de las comisiones que hicieron contacto con ella. “Sólo quiero llorarles y rezarles”, se lee en un acta circunstanciada que firmó a organismos de defensa de derechos humanos para exigir que se alejen del caso y resguarden sus datos personales para que nadie la moleste.
Hablan las fotografías de Nefertiti “N” sobre la calle Sur 22 de la colonia Los Pinos, tirada, bañada en sangre, con la tienda de telas Plamat y la fábrica Cidosa como mudos testigos; en la esquina del almacén del IMSS, la imagen de José Eduardo “N” tirado a un lado de la camioneta y, a una cuadra Grecia “N” boca abajo, a unos 100 metros de Cinepolis, FirstCash y Aurrera. Una voz anónima ha dicho que sólo iban al cine.
