El esfuerzo del gobierno federal de implementar el es insuficiente para autoridades de la etnia quienes han emprendido acciones legales, gestiones extrajudiciales y actos de resistencia civil pacífica en defensa del agua y la tierra. 

La reserva yaqui de 485 mil hectáreas que constituyen el territorio ancestral, está asentada en el sur de Sonora; habitan alrededor de 30 mil personas y pertenecen a tres municipios diferentes: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem, al Municipio de Guaymas Sonora; Loma de Bácum, al Municipio de Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit) al Municipio de Cajeme. 

Teódulo González López, Comisionado de la Primera Cabecera (Vícam) y José Manuel Piña Álvarez, comisionado de la Segunda Cabecera (Pótam), informaron a EL UNIVERSAL que la nación yaqui con la participación organizada de las instituciones y organizaciones civiles, eclesiásticas, militares, organizaciones de productores, mujeres y tropa yoemia que conforman la estructura de su gobierno, han decidido emprender sin descanso la defensa del patrimonio hídrico y territorial. 

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Han llegado a esa decisión, porque “a pesar de las innumerables gestiones que hemos llevado a cabo ante las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como ante organismos y empresas públicas y privadas respecto de las reclamaciones formuladas a través de los años para lograr una verdadera justicia para nuestros pueblos por los despojos del patrimonio de nuestras familias indígenas sin obtener respuesta alguna, en los asuntos que son del verdadero interés”. 

Estos son: “la carretera internacional; la vía del ferrocarril concesionada a Ferromex; el Acueducto Río Yaqui-Empalme-Guaymas-San Carlos, operado por el Gobierno del Estado; el poliducto de Pemex Guaymas-Ciudad Obregón; las líneas de alta y media tensión de Comisión Federal de Electricidad”. 

Además, “las extracciones ilegales por las que se comete despojo de nuestras aguas por el Acueducto ´Independencia´; la ilegal y abusiva asignación y concesión de agua de nuestra propiedad del caudal del río yaqui a las compañías mineras de Cananea y La Caridad; a la empresa cervecera Constellation Brands y otras concesiones ilegales que estamos revisando hasta lograr la anhelada restitución de las aguas de nuestro río yaqui que legalmente pertenecen a nuestros pueblos y a nuestras familias indígenas por así haberlo ordenado el Presidente General Lázaro Cárdenas desde 1940”. 

Por estas razones hemos iniciado las acciones legales, gestiones extrajudiciales y actos de resistencia civil pacífica en defensa de nuestro patrimonio hídrico y territorial y no descansaremos hasta lograr una verdadera justicia para nuestro pueblo, adelantaron. 

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FUNDAMENTAN RECLAMOS


Más de 10 mil familias indígenas que estamos sufriendo una situación de pobreza. Estamos cansados de tanta mentira y demagogia por apoderarse de nuestros bienes patrimoniales sin que haya existido consulta previa, libre, informada y de buena fe, como lo ordenan las disposiciones de los Artículos 1º, 2º. Apartado A, fracciones I, II, III, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así como los Acuerdos y Tratados con organismos internacionales de los que México forma parte como lo son los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y demás relativos de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 y demás relativos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República, por tanto Ley Suprema de Toda la Unión como lo ordena el Artículo 133 de la Carta Magna. 

“Todos los actos ilegales que nos causan daño patrimonial son declarados absolutamente nulos e inexistentes por nuestra Nación Yaqui”, recalcan. 

“Ello, por carecer de la necesaria autorización del Gobierno y del pueblo indígena yoreme yaqui representado por nuestras instituciones y organizaciones que conforman la estructura de nuestro gobierno y por lo tanto sin que exista contrato, convenio o acto jurídico alguno en el que se establezca la conformidad y aceptación, así como el pago, indemnización o contraprestación por la ocupación, uso, disfrute y usufructo de las tierras y territorios, así como de las aguas de nuestra legítima propiedad que son desviadas, extraídas, en una palabra: despojadas a nuestra comunidad indígena y las miles de familias que la integramos”, señalan. 

ATENCION INMEDIATA


Exigen la restitución íntegra del caudal hídrico del Río Yaqui y su sistema de presas. A 80 años de su promulgación, no se ha dado cumplimiento al Decreto del Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas por el que entrega en propiedad la mitad de las aguas almacenadas en la Presa “La Angostura” así como de las aguas no controladas por dicha presa, que resultan ser la totalidad o cien por ciento de las que corren aguas abajo de la cortina de dicha presa. 

Aguas, “integradas por el caudal del Río Yaqui, más las aportaciones de sus diversos afluentes y tributarios, negándose a nuestra comunidad indígena la posibilidad de explotación de nuestras tierras aptas para trabajar la agricultura que nos permita salir del estado de pobreza en que nos encontramos”.  
“Aguas que han sido asignadas y concesionadas por el gobierno federal como si se tratara de aguas nacionales, ignorando flagrantemente el ordenamiento del General Lázaro Cárdenas quien nos la entregó en propiedad”. 

“Para disponer legalmente de los embalses y escurrimientos asignados en propiedad a nuestra comunidad indígena Tribu Yaqui, lo procedente, legal y honesto era modificar o derogar lo ordenado por el Presidente Cárdenas en la Resolución de 1940, pero no fue así; no se atrevieron a llevar la carga política e histórica que significaba un atrevimiento de tal magnitud”. 

DEFENSA DEL AGUA


Los comisionados indígenas exigen la suspensión inmediata de las “ilegales” extracciones de la Presa ´Plutarco Elías Calles´ conocida como ´El Novillo´ de aguas de nuestra legítima propiedad, que es conducida a la Ciudad de Hermosillo por el Acueducto ´Independencia´. 

Declaran la inexistencia y nulidad del “Convenio de Coordinación y Conceptualización Temática con Autoridades Tradicionales de la Etnia Yaqui, Actores Productivos en el Valle del Yaqui e Integrantes del Movimiento Ciudadano de Defensa de Agua de Cajeme” que aseguran resulta apócrifo por haber sido suscrito sin autorización de los pueblos y suplantados cuatro gobernadores, por el que se han despojado más de 300 Mm³ (trescientos millones de metros cúbicos, privándolos de la posibilidad de cultivar más de 30,000 hectáreas de granos, oleaginosas y hortalizas.  

Señalaron como responsables: al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretario de Gobernación, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Gobernador el Estado de Sonora y Presidente Municipal de Hermosillo, por la sustracción ilegal del agua y advirtieron que podrían ser llamados a juicio penal por la comisión de los delitos de despojo y robo de aguas en perjuicio de la comunidad indígena, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y lo que resulte. 

En relación con el acueducto “Rio Yaqui-Empalme-Guaymas-San Carlos” por el que se extraen aguas del subsuelo del Río Yaqui y conducidas por un acueducto que tiene una longitud de aproximadamente 90 kilómetros hacia las ciudades de Empalme, Guaymas y San Carlos. De igual manera como en todos los casos, este acueducto –refieren- fue construido sin la necesaria autorización del Gobierno y del pueblo yoreme yaqui y el pago de la correspondiente indemnización o contraprestación correspondiente. 

En ejercicio del Derecho de Accesión, la Nación Yaqui procederá a la adjudicación de este acueducto por haberse construido sin su autorización, exigiendo el pago indemnizatorio por los 30 años de explotación y en lo sucesivo, el pago anual determinado previo avalúo. 

En relación a la revisión del Decreto por el que se transfiere del Distrito de Riego 018 a los usuarios de la tribu, señalan que hasta la fecha este es el único Distrito de Riego a nivel nacional que continúa siendo administrado y operado por la Comisión Nacional del Agua, en flagrante violación de los ordenamientos de la Ley da Aguas Nacionales, en perjuicio de la comunidad indígena vulnerable. 

“El Decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de septiembre de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y año, aun cuando reconoce expresamente la vigencia de la disposición del Presidente Cárdenas por la que entrega en legítima propiedad a nuestra comunidad indígena la mitad del almacenamiento de la Presa ´La Angostura´ y la totalidad de las aguas no controladas por dicha presa, asignando únicamente, inexplicablemente y sin fundamento técnico ni legal alguno, un volumen anual para fines de riego del orden de 673.0 Mm3 (Seiscientos setenta y tres millones de metros cúbicos), dejándonos en un estado de indefensión e incertidumbre, contra la que nuestros pueblos ya han puesto en movimiento acciones legales ante el más alto tribunal del país, por la vía de los juicios constitucionales por los que pedimos el amparo y protección de la justicia de la Unión”. 

DEFENSA DE LA TIERRA


Como primer punto, denunciaron el “ilegal, doloso y lesivo” contrato de Servidumbre de Paso que la empresa Gasoducto de Agua Prieta, S. de C.V. de R.L., filial de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IENOVA) y de Sempra Energy de San Diego, California impusieron a la comunidad indígena de la Nación de la Tribu Yaqui. 

“Por realizar, directa e indirectamente, conductas y prácticas abusivas, discriminatorias durante las negociaciones y los procedimientos por las que influyeron indebidamente en la decisión de los indígenas que lo suscribieron, en violación de las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, se procederá a promover la revocación de permisos y autorizaciones para la construcción y operación del gasoducto en los términos del Artículo 114 de la Ley de Hidrocarburos”. 

Artículo 114.- Los Asignatarios y Contratistas se abstendrán de realizar, directa o indirectamente, conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos a que se refiere el presente Capítulo. 

En los casos en que se acredite que el Asignatario o Contratista incurra en las conductas señaladas en este artículo en más de una ocasión, la asignación y, en su caso, permisos o autorizaciones podrán ser revocados o el Contrato para la Exploración y Extracción rescindido. 

“En ejercicio del Derecho de Accesión hemos procedido a la adjudicación de la carretera federal 15 en el tramo Río Yaqui-Boca Abierta a favor de nuestra Nación Tribu Yaqui con una longitud de 89.9 kilómetros, por haberse construido en terrenos de la propiedad privada exclusiva sin autorización de sus legítimos propietarios que somos los indígenas yaquis y sin el pago correspondiente de indemnizaciones y/o contraprestaciones que corresponden”. 

Con fundamento además en el ordenamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el Artículo 27 Fracción VIII declara nula la Concesión otorgada por SCT a Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe). 

“En ejercicio del Derecho de Accesión hemos procedido a la adjudicación de la vía del ferrocarril a favor de la Nación Tribu Yaqui que actualmente explota la empresa Ferromex, S.A. por concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el tramo Río Yaqui Boca Abierta, por haberse construido en terrenos de la propiedad privada exclusiva de la tribu, sin autorización de sus legítimos propietarios que somos los indígenas yaquis, sin el pago correspondiente de indemnizaciones y/o contraprestaciones que corresponden”. 

La misma disposición constitucional transcrita en el punto anterior, es aplicable a la nulidad de la Concesión otorgada por SCT a la empresa Ferromex, S.A. de C.V. 

Además, tramitaron la adjudicación, en ejercicio del Derecho de Accesión, de la línea de fibra óptica que Teléfonos de México, S.A., por haberse construido en terrenos de la propiedad privada exclusiva de la tribu, sin autorización de sus legítimos propietarios que es la comunidad indígena y sin el pago correspondiente de indemnizaciones y/o contraprestaciones que corresponden. 

De la misma forma, ya tramitaron la revisión y actualización del Contrato de Servidumbre de Paso suscrito con Petróleos Mexicanos para la construcción y operación del Poliducto Guaymas-Obregón, por no apegarse a las disposiciones constitucionales que protegen a los pueblos indígenas, al no haber aplicado la consulta en los términos de la ley. 

El mismo procedimiento se aplicó para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tramitarse la revisión y actualización del Contrato de Servidumbre de Paso, ara la construcción y operación de las líneas de alta y media tensión en el tramo Guaymas-Obregón, por no apegarse a las disposiciones constitucionales que protegen a los pueblos indígenas, al no haber aplicado la consulta en los términos de la ley.


LAS PROPUESTAS 

Para Teódulo González y José Manuel Piña Álvarez, un Plan de Justicia para sus pueblos debe complementarse necesariamente con proyectos para estimular actividades productivas, generación de empleos con la consiguiente derrama económica y la integración como trabajadores a los servicios de seguridad social y los beneficios que de ello se derivan como lo son atención médica, subcuentas de vivienda y ahorro para el retiro, de los que ahora carecen. 

En propuestas de desarrollo, indicaron se encuentran sujetos a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos por personal profesional capacitado un parque solar, establecimiento de 300-00 Hectáreas de celdas fotovoltaicas para generación de energía eléctrica para su venta a Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la red nacional eléctrica por las líneas de alta y media tensión que cruzan por nuestro territorio. 

En acuacultura proponen destinar 10,000-00 hectáreas (24,710 Acres) de espejo de agua para el aprovechamiento de 90 kilómetros de litoral, en la crianza de camarón y otras especies que demandan los mercados nacional e internacional, de manera especial como la Totoaba. 

Miles de integrantes de la etnia se desplazan a otras ciudades a trabajar, por lo que proponen la instalación de plantas ensambladora como Assembly in Bond Plants que proporcionarían empleo a miles de trabajadores miembros de la comunidad indígena y la correspondiente derrama económica en los sectores de vivienda, transporte, comercio y servicios, lo que traería prosperidad a las familias yoremes yaquis. 

También la construcción y arrendamiento de naves industriales, estableciendo un programa de albergue (Shelter Plan) para los inversionistas, que además de proporcionarles las instalaciones, se les brinde ayuda en todo lo relacionado a trámites con el gobierno mexicano desde la instalación y operación de las empresas, hasta el manejo aduanal del ingreso de partes y retorno de productos ensamblados libres de impuestos. 

En el rescate de la actividad agrícola piden la cancelación de los reportes individuales del Buró de Crédito de los productores de la tribu con cartera vencida con el Banco de Crédito Rural que está en liquidación, que les impide acceder al crédito agrícola de habilitación o avío y refaccionario. 

Al no ser sujetos de crédito por encontrarse reportados en el Buró de Crédito, es urgente y necesario iniciar el rescate de la tierra de los yaquis que están en manos de los arrendatarios particulares rapaces que los tienen atados con pagos de arrendamiento indignos esclavizándolos por ciclos agrícolas adelantados para sobrevivir.  

Un dato que muestra lo injusto del pago de arrendamiento de tierra por los particulares es que mientras el precio por hectárea para trigo en el Valle del Yaqui es de $12,000.00 pesos por hectárea, a los indígenas de la tribu les pagan únicamente entre $4,000.00 y $6,000.00, recriminaron. 

Consideraron necesario, establecer la institución de crédito para atender las necesidades de los productores indígenas que se vayan incorporando a la explotación de sus parcelas al liberarlos del Buró de Crédito y de los arrendatarios voraces y ampliar la superficie cultivable en 25,000 hectáreas, destinando 5,000 hectáreas al cultivo de frutales y hortalizas para exportación en sistemas de riego tecnificado como invernaderos y casa-sombras. 

También, incluir un programa especial para la producción de cultivos perenes de alta productividad como nopal, aloe vera, agave y yerbas medicinales. 

RESCATE DE LA GANADERÍA


 Teniendo la Nación Yaqui más de 300,000 hectáreas (741,300 acres) de pastizales, consideran necesario y conveniente establecer un programa de producción de ganado bovino con los más modernos instrumentos y técnicas que permitan participar en el mercado nacional e internacional con productos de alto rendimiento y calidad.  

Establecer un sistema de riego presurizado por aspersión para 2,000 hectáreas para pastizales. 

Parte importante del programa ganadero, será el establecimiento de un centro de empadre con tecnologías de última generación, con sementales de alto registro de razas productoras de carne y leche. 

Además, proponen la creación de una cuenca lechera para la producción de leche en sus diferentes modalidades como entera, semidescremada, deslactosada, así como derivados de la leche tales como quesos en sus diferentes variedades, cremas, yogurt, mantequillas, entre otros productos. 
A pesar del Plan de Justicia en marcha por parte del gobierno federal, la resistencia y la lucha por sus derechos persiste en la etnia yaqui.

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