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El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó que volvieran a presentarse hechos sangrientos en el penal de Cadereyta, cuando ya se había advertido a la administración estatal de las condiciones de autogobierno, hacinamiento y otras que debían corregir para evitar ese tipo de sucesos.
Dijo que con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) trabajan en la integración del expediente con una indagatoria puntual y objetiva desde el punto de vista de los derechos humanos, exigiendo que se haga en la misma forma la cuestión penal, para conocer la verdad.
En respuesta, el vocero del gobierno estatal, Aldo Fasci Zuazua, dijo que mientras no terminen los proyectos para ampliar las áreas de reclusión en dos de los tres penales, a fin de aliviar el hacinamiento y separar a los reos que pertenecen a distintos grupos de la delincuencia organizada, es muy probable que se repitan hechos violentos.
Culpó al gobierno federal del retraso en las obras, pues no ha entregado los 900 millones de pesos que le corresponden por la reclusión de presos federales en penales estatales. Aseguró que el gobierno estatal ha atendido todas las recomendaciones de la CNDH.
Por otro lado, dijo que los 54 reos identificados como participantes en los hechos violentos del pasado martes, que dejaron 17 muertos y decenas de heridos, serán procesados por motín, homicidio y secuestro “por lo pronto”. Ofreció una disculpa a los familiares del recluso que dieron por muerto cuando en realidad está lesionado y fuera de peligro.
Consuelo Morales Elizondo, directora de la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), denunció que unos 300 internos requieren atención médica y sólo hay un médico.
