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Ante la ola de inseguridad que azota diversas regiones del estado, el gobierno de Chihuahua suspendió el servicio que ofrecían médicos pasantes en 10 municipios, lo que afectará a miles de pacientes que no podrán recibir atención de especialistas en sus lugares de origen.
“Se garantizó que ningún pasante ni residente será enviado a las comunidades de Gómez Farías, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Madera, Batopilas, Guachochi, Guerrero, Bocoyna, Villa López y Villa Coronado”, informó la Secretaría de Salud, luego de que pasantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) mantuvieran un paro de labores por una semana para exigir mejores condiciones de seguridad.
La medida estará vigente hasta febrero de 2018, en esa fecha se hará una evaluación de las condiciones para determinar si es viable o no la presencia de los residentes.
Será una especie de semáforo, con los colores verde y rojo se definirán las zonas donde podrán ser enviados los pasantes de medicina.
Asolados. “El hospital de Gómez Farías siempre ha trabajado con médicos residentes, en cuanto a las especialidades básicas. Le hablo de cirugía, pediatría, ginecología y anestesiología. Con este anuncio se desprotege al hospital, se queda sin esta ayuda.
La gente tendrá que salir a buscar atención a otras ciudades”, señaló el doctor Blas Godínez, quien labora en el centro médico de Gómez Farías y es hijo del director. El hombre fue privado de la libertad desde hace casi un mes por parte de un grupo del crimen organizado.
El doctor Godínez ha sostenido que la banda que secuestró a su padre posiblemente lo esté forzando a atender heridos por los enfrentamientos, “En la región de Gómez Farías hemos tenido muchos hechos violentos contra los médicos. En 2010 golpearon hasta casi matar al doctor Segoviano; en 2012 mataron a un doctor; en 2015 secuestraron a dos médicos que eran padre e hijo. Ahora está la situación de mi padre”, detalló.
Una residente, que abandonó la región noroeste de la entidad a consecuencia de la violencia, explicó que las amenazas de los grupos del crimen organizado son constantes.
“Conmigo trabajaba una enfermera, tenía mal carácter y a veces era un poco brusca con la gente. Un día llegó un grupo del narco, le dijeron que como era muy mala con los pacientes se tenía que ir del pueblo y la amenazaron. Si no se iba en una hora la iban a matar. Se fue de inmediato sólo con la ropa que llevaba puesta”.
Denuncia represalias. Ana Gabriela Cota, médico pasante de la UACJ, demandó civilmente a la Secretaría de Salud de Chihuahua tras haber sido dada de baja de su residencia, en lo que considera fue un acto de represalia por haber denunciado la condicione de inseguridad que padecía en la comunidad donde prestaba sus servicios.
En mayo de este año prácticamente tuvo que huir de Nicolás Bravo, un pequeño pueblo del municipio de Madera, que se ubica a 20 minutos de Gómez Farías. Relató que en esa zona es constante la presencia de vehículos de hombres armados, además de constantes enfrentamientos entre bandas rivales.
Tras denunciar lo que ocurría ante funcionarios de Salud y de la propia UACJ fue suspendida su residencia.
“Los pasantes tienen mucho miedo; sin embargo, no quieren decir todo lo que ocurre por miedo a que los den de baja”, aseguró.