Ciudad Juárez.— “O se unen o mañana regresamos por ustedes”, son algunas de las amenazas que reciben del crimen organizado decenas de familias que han sido desplazadas de las diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
De acuerdo con reportes de organizaciones civiles que han apoyado social y legalmente a las víctimas, refieren que los desplazamientos comenzaron desde junio de 2023 en la comunidad de la Sierrita, cuando grupos del Cártel de Sinaloa y el De Juárez o La Línea comenzaron a disputarse el territorio.
Gabino Gómez, activista chihuahuense e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), explica en entrevista con EL UNIVERSAL que la crisis que se vive en Guadalupe y Calvo por el crimen organizado ya no sólo es por el control, la siembra y elaboración de las distintas drogas, sino también por la tala clandestina y explotación del bosque.
Contexto del desplazamiento
La disputa entre cárteles se debe a que este municipio se localiza al sur de Chihuahua y es parte de la región que conforma el llamado Triángulo Dorado, por lo que la presencia del Cártel de Sinaloa siempre se ha mantenido en territorio chihuahuense; sin embargo, de acuerdo con el activista, ahora el Cártel de Juárez busca ingresar a la región, lo que ha desatado la violencia en las comunidades y con ello el desplazamiento de los habitantes.
Gómez asegura que los grupos criminales buscan sobre todo a los jóvenes para reclutarlos, y de oponerse son amenzados, desplazados o hasta asesinados.
“El municipio de Guadalupe y Calvo siempre ha tenido la presencia del crimen organizado y convivido con la población, e incluso con las fuerzas militares, recordemos que está dentro de lo que se conoce como el Triángulo Dorado. De manera reciente hizo presencia otro grupo distinto al que ha pertenecido y hay una disputa territorial, entonces hay una zona grande entre Baborigame y Guadalupe y Calvo en donde está la mayor problemática”, refiere en entrevista el activista.
La comunidad Ódame de La Sierrita, así como Baborigame y Mala Noche, son pequeñas regiones de este municipio, las cuales han quedado en medio del fuego cruzado entre ambas bandas que intentan reclutar a jóvenes y hombres.
“Hay quienes van y se enrolan con ellos, pero hay quienes se niegan y cuando las familias se niegan a hacerlo toman represalias contra ellos”, explica el activista.
Un caso particular fue el que ocurrió en La Sierrita, donde el 7 de junio de 2023 llegaron grupos armados para amenazar a la población de unirse con ellos, o si no, que se salieran de ahí.
Tras la amenaza, los habitantes de las regiones salieron a esconderse en la sierra y permanecieron dos días hasta que fueron rescatados por las autoridades estatales y trasladados a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.
De acuerdo con Gabino Gómez, esas familias han sido llevadas a diversos lugares del estado, e incluso algunos están de regreso en su comunidad; sin embargo, hay más desplazados que se han tenido que salir.
“La gran mayoría se encuentra en Baborigame o en Guadalupe y Calvo. Ahí se habla de alrededor de 600 personas desplazadas, no hay un número cierto, porque no hay un censo o una autoridad que levante esta información. Hay varias personas que las han reclutado, las demás viven en condiciones de miseria porque viven en lugares que les prestan, en la iglesia, quienes les ayudan”, asegura.
Por medio de organizaciones como el Cedehm, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Colectivo de Prácticas Psicosociales (Coppsac), Servicios para la Paz (SeraPaz), Brigadas Internacionales de Paz y la parroquia de Baborigame, se han realizado tres visitas desde junio de 2023 a la comunidad de Mala Noche, en el municipio de Guadalupe y Calvo, con el objetivo de atender la situación, brindar ayuda humanitaria y prevenir el desplazamiento forzado.
En enero de 2024, en Baborigame, los hechos violentos registrados en la comunidad obligaron a más de 150 personas a salir de sus casas, debido a amenazas y violencia.
Actualmente las organizaciones continúan realizando visitas y solicitado la atención de las autoridades de los tres niveles en dichas regiones, pues las personas al dejar sus hogares y trasladarse a las ciudades, las condiciones en las que viven no son favorables.
En ese sentido, el Cedehm presentó el pasado 11 de diciembre un amparo en el que solicita se brinde de forma inmediata un alojamiento emergente digno, seguro y con enfoque de pertinencia cultural, contemplando un espacio autónomo, suficiente, con dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de actividades recreativas, entre otros aspectos.
“Se requiere una presencia penetrante, cuando se detona una situación así de alto impacto van autoridades y hacen rondines. Están dos, tres días, y mientras están ahí los de los grupos [criminales] fácilmente se esconden de ellos.
“Aquí, además, hay el ingrediente de la infiltración de los cuerpos de seguridad pública, particularmente los municipales. Entonces, se requiere una presencia permanente; es parte de lo que se ha estado demandado”, señala el activista del Cedehm.
Además de esta región, en otros municipios de Chihuahua también se tiene reporte de una situación similar, como en el municipio de Guachochi y Balleza, aunque la situación de desplazamiento es de menor proporción.
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Nunca habían salido de su comunidad
Los habitantes de las regiones afectadas llegan a ser atendidos por organizaciones de la sociedad civil como el Cedhem, quienes dejan sus hogares y en algunos casos jamás han salido a la ciudad o a otros municipios.
De acuerdo con relatos compartidos a EL UNIVERSAL, cuando recién llegaron habitantes de La Sierrita a Chihuahua capital a un albergue donde fueron refugiados, muchos de ellos, sobre todo adultos mayores, no habían salido de Guadalupe y Calvo.
Incluso había algunos de ellos que desconocían hasta lo que es el tren o los semáforos, debido a que no los habían visto nunca en sus comunidades.
“Es parte de todo lo que significa el desarraigo de sus comunidades, costumbres, toda su cultura. Hoy este grupo de La Sierrita son alrededor de 30 niños, cuyas clases les da una maestra que no habla el idioma, y los niños no hablan español, entonces no es una educación con pertenencia cultural”, explica en entrevista el activista.
Se mantiene vigilancia
Desde junio de 2023 que comenzaron a reportarse los casos de desplazamiento en las comunidades de Guadalupe y Calvo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha mantenido la vigilancia permanente en esas regiones con operativos, campamentos y demás acciones para inhibir la violencia en la zona.
De acuerdo con datos oficiales de la FGE, en junio de 2023 la Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) atendieron a un grupo de personas que denunció haber sido forzado a abandonar sus viviendas en la comunidad de La Sierrita.
Durante las acciones se localizaron a 39 personas, de las cuales 31 son menores de edad, en su mayoría indígenas de etnia tepehuán, de la comunidad de La Sierrita, quienes manifestaron haber salido de sus hogares por la irrupción de los civiles armados.
Después de ello se mantuvieron operativos permanentes en la zona por parte de los tres niveles de gobierno y se informó que se dio atención integral a las comunidades afectadas.
Dichos operativos continuaron hasta diciembre, donde se informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, implementaron un operativo de prevención del delito en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Algunos de los operativos se realizaron en zonas como Baborigame, Pinabete, Mesa de los Hongos y San Juan Nepomuceno.
Durante este 2024 elementos que integran la Célula B.O.I. (Base de Operación Interinstitucional) resguardaron el regreso de los habitantes de diversas comunidades de Guadalupe y Calvo que participaron en una consulta en Baborigame.
El resguardo y custodia de 30 personas se llevó a cabo en las comunidades de Portezuelo, Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puertoriyito, del seccional de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.
La vigilancia en la zona permanece por parte de los tres niveles de gobierno para así garantizar la seguridad de los pobladores.
