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Monterrey.- Mientras funcionarios de diversas dependencias del gobierno de Nuevo León empezarán a sufrir multas de dos mil pesos por negarse a otorgar información solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción , por investigación ante “aumentazo” otorgado a suegra de “El Bronco”, uno de los promoventes de la denuncia señaló que fue incendiado un vehículo de su familia , por lo cual exigió a las autoridades aclarar si se trata de un acto de agresión e intento de intimidación, o de simple vandalismo no relacionado con su actividad ciudadana.
Como cada lunes desde el primero de julio, cuando presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el incremento de 133 por ciento a la suegra de “El Bronco” , Liliana Flores Benavides del Colectivo Nosotros , Gilberto Marcos de Vertebra y Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder , se entrevistaron nuevamente con el fiscal especializado anticorrupción , Javier Garza y Garza , para conocer avances en las investigaciones del caso.
Al salir de la reunión, los activistas puntualizaron que funcionarios de la administración de Jaime Rodríguez continúan retrasando la información solicitada por la fiscalía, y de manera injustificada solicitan una prórroga tras otra, siendo que se supone que cuentan con los datos que ellos mismos generan.
Estimaron que esa renuencia es una estrategia para maquillar la información, a fin de tratar de hacer que “cuadre” para justificar el “aumentazo” salarial a María Teresa Martínez Galván , a fin de que recibiera vía fast track, una pensión acorde a ese irregular aumento en sólo 14 meses, diez de ellos con licencia para ser candidata independiente por la alcaldía de Santa Catarina.
Por lo pronto, afirmaron, a partir del día 24, funcionarios de varias dependencias estatales como las secretarías de Seguridad y Administración, así como el Isssteleón, empezarán a ser multados por la Fiscalía por no entregar la información solicitada, y si persisten en su negativa, la fiscalía acudirá con la fuerza pública para exigir la información, y si la siguen ocultando, se procederá con el arresto.
Por otro lado, Juan Manuel Ramos afirmó que el pasado viernes, como a las seis de la mañana, recibió la llamada telefónica de uno de sus familiares, quien le informó que la camioneta propiedad de la familia, “se estaba incendiando” . El vehículo se hallaba estacionado afuera del domicilio de sus familiares, cuya dirección está registrada en la licencia de conducir y en la identificación oficial de Ramos.
Al lugar, dijo el quejoso, acudieron integrantes del cuerpo de bomberos, policía estatal y municipal y una vez controlado el incendio, un mecánico particular revisó la camioneta y le comentó que por las características del incendio, probablemente fue provocado”.
Para Ramos, la versión del mecánico tiene sentido, ya que la camioneta tenía alrededor de cinco días sin moverse y a pesar de que en la calle se encontraban otros 25 vehículos únicamente la camioneta de su familia fue incendiada.
Liliana Flores emplazó a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que inicie una pronta investigación y aclare este hecho; pero advirtió, “nosotros no vamos a bajar la guardia porque estamos luchando por algo justo, correcto, no es algo personal contra la suegra del gobernador, ni siquiera conocemos a la señora”.
Se cuestionó a Ramos si lo han buscado de la Fiscalía General. “Ayer hubo una cierta comunicación informal, pero yo quisiera aquí solamente decir lo siguiente, se buscó a los expertos (de Artículo 19) en este tema para encuadrar en qué nivel de inseguridad o de vulnerabilidad está mi persona, y los compañeros de la organización; quiero decirles que la mejor noticia que yo pudiera recibir es que esto fue un acto vandálico, no una agresión relacionada con mi trabajo, porque la paz y la tranquilidad no tiene ningún precio y no la queremos perder”.
Afirmó, “no vamos a dejar de trabajar, este evento no me paraliza, hace que tomemos mayores precauciones, pero vamos a redoblar el trabajo que hacemos”.
Ramos dijo que además de la denuncia ante Artículo 19, por el hecho que ocurrió la mañana del viernes y se divulgó hasta la tarde del domingo, “para no exponer ni hacer más vulnerables a personas que no deben de estar vulnerables”, acudirá el martes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Finalmente señaló que el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya se puso en contacto con él, para que se analice su nivel de vulnerabilidad.
Se le preguntó si la Fiscalía General de Justicia del Estado ya mandó peritos para determinar si el incendio fue provocado, a lo que respondió, “no sabría decirte, esto lo vamos a manejar acá por medio de la familia, ellos tienen que hacer acá sus movimientos, obviamente no le vamos a dar visibilidad mediática”.
En ese contexto, la tarde de este lunes, varias personas acudieron a tratar de desalojar el templo de la colonia El Uro, donde oficia el sacerdote José Manuel Guerrero Noyola, activista del Colectivo Nosotros, que también presentó denuncia por el “aumentazo” de la suegra de “El Bronco”.
“Dicen que el terreno del templo es suyo y acuden a desalojar, muy agresivos empezaron a sacar las bancas”, dijo el sacerdote mediante un video en redes sociales, en tanto la dirigente del colectivo Nosotros, Liliana Flores, comentó que dicha acción es ilegal, porque nunca se ha notificado algún juicio para reclamar la propiedad.
afcl
