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Xalapa.— El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), deberá pagar una multa de 168 mil pesos por haber violado la ley, al haberse promocionado durante veda electoral.
El Tribunal Electoral de Veracruz determinó desde abril pasado aplicar una multa de dos mil unidades de medida —168 mil pesos 980 pesos— por considerar que violó la ley, al difundir propaganda con elementos de tipo gubernamental y promoción personalizada en un periodo prohibido por la ley.
Ayer, finalmente la Gaceta Oficial del Estado publicó el acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral en contra de Yunes.
El expediente TEV-PES-106/2018 se originó por un recurso promovido por el PRI, en el marco del proceso electoral de 2018.
El tribunal determinó dar vista al Congreso estatal, por lo que ya se dio por enterado, para que de manera inmediata y conforme a la normativa electoral, el exmandatario proceda a realizar el pago ante la Tesorería del Estado.
El órgano electoral resolvió, entre otras cosas, la inexistencia en cuanto a la utilización de recursos públicos con la intención de influir en la equidad de la contienda electoral, respecto de ambos servidores públicos denunciados, el exgobernador Miguel Ángel Yunes y el exsecretario de gobierno Rogelio Franco Castán.
Hay subejercicio
También en Veracruz y a un mes que concluya el año, el actual secretario de Infraestructura y Obra Pública del estado, Elio Hernández Gutiérrez, admitió que sólo han ejercido 50% de su presupuesto total, que ascendió a 2 mil 165 millones de pesos.
Al comparecer ante diputados locales para la glosa del Primer Informe de Gobierno del morenista Cuitláhuac García, el funcionario reveló que durante este año ha celebrado sólo 208 contratos, de los cuales 129 fueron por adjudicación directa por un monto de 387 millones de pesos.
Hernández Gutiérrez aseguró que “no le preocupa el subejercicio” en que pueda incurrir su dependencia, ya que confío que a más tardar el 20 de diciembre estará comprometido 100% del recurso, aunque su ejecución se llevará a cabo hasta finales de marzo.
Legisladores denunciaron que muchas obras se han declarado “desiertas” para luego, asignar las obras a empresas foráneas provenientes de estados como Guanajuato y la Ciudad de México.
