EL UNIVERSAL Oaxaca
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Oaxaca de Juárez.— A unos días de que el próximo miércoles se vote en el Congreso de Oaxaca la iniciativa de ley que busca modificar los artículos 2 y 12 de la Constitución local y con ello despenalizar la interrupción del embarazo, diversas organizaciones de mujeres demandan la aprobación de esta propuesta que, acusan, criminaliza a las mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo.
“Frente a las deplorables condiciones que enfrentan las oaxaqueñas, manifestamos nuestro firme llamado al Congreso para que, en respeto al Estado laico, y dictados constitucionales, apruebe las iniciativas de reforma constitucional y del Código Penal, dictaminadas en comisiones para garantizar la interrupción legal del embarazo en Oaxaca”, señaló Yesica Sánchez Maya, representante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
Consorcio consideró que la penalización del aborto es una falla del Estado mexicano y una violación a los derechos de las mujeres y sus integrantes informaron que en Oaxaca se practican más de 9 mil abortos al año, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 17% de estos abortos lo enfrentaron mujeres menores de 20 años.
También señalaron que el aborto es la tercera causa de mortalidad materna en el estado y que actualmente existen 49 carpetas de investigación abiertas contra mujeres que interrumpieron su embarazo, pues en Oaxaca aún se considera un delito.
Es por esa razón que la iniciativa presentada por la diputada Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura, incluye la reforma a los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal de Oaxaca; estas modificaciones son con las que se despenalizaría la interrupción de un embarazo en las 12 primeras semanas de gestación y se impediría que las mujeres sean castigadas penalmente, pues actualmente se castiga con prisión.
Además, las integrantes de la organización rechazaron la solicitud que grupos de evangélicos y católicos hicieron a la Cámara de Diputados para someter a consulta dicha iniciativa de ley.
“Nos oponemos con firmeza a quienes irresponsablemente proponen someter a consulta pública la legalización del aborto. Los derechos no se consultan, el Estado está obligado a garantizarlos para el ejercicio y goce de la ciudadanía”, declararon.
EL UNIVERSAL publicó este viernes que Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, coincide con las organizaciones sobre que el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo no debe ser materia de consulta, sino que debe reconocerse, según estándares nacionales e internacionales.