fue asesinada el pasado 25 de abril por su pareja afuera de la residencia oficial del gobernador de Jalisco, según la recomendación 38/19 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado 17 de diciembre, antes de ser apuñalada en varias ocasiones frente a los policías que resguardan Casa Jalisco, la joven de 25 años acudió en 16 ocasiones a buscar ayuda al Centro de Justicia para las Mujeres, pero no se dio el seguimiento debido a su caso.
“De las evidencias que integran la carpeta de investigación, no se advierte que el personal del Ministerio Público siguiera una línea de investigación clara y seria que pretendiera acreditar el delito y sancionar al responsable. Fueron nulos los esfuerzos para acreditar el grado de participación que tenía el victimario, y ni siquiera se intentó localizarlo o inhibirlo para que consumara conductas ilegales, lo cual, sin duda, constituyó una causa para que no sólo las agresiones en contra de la víctima quedaran impunes, sino que acabaran con su vida”, señala la recomendación.
Además, en ella consta que a pesar de que se emitieron tres órdenes de protección para la Vanesa Gaytán, estas no fueron adecuadas, eficaces ni precisas, ni consideraron los antecedentes de violencia de género de los cuales era víctima, por lo que no fue valorado de forma oportuna el grave riesgo que corría su vida.
“Con lo anterior se denota una deficiente actuación de las autoridades que intervinieron, porque fueron omisas en cumplir con los principios y la normativa señalada, específicamente con el Protocolo Estandarizado para la Tramitación, Cumplimiento, Control y Seguimiento de Órdenes de Protección de Víctimas Mujeres, Niñas y Niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, y sobre todo en el Protocolo al que se Sujetarán las y los Agentes del Ministerio Público, Respecto de la Solicitud, Atención, Expedición y Seguimiento de las Órdenes de Protección en Casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco, lo que propició que no recibiera de manera integral y efectiva las medidas de protección a que tenía derecho”, indica el documento.
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Por lo anterior, la defensoría solicitó a las autoridades estatales que se inicien procesos de responsabilidad administrativa en contra de 12 funcionarios públicos por las omisiones y negligencias cometidas.
También solicitó apoyo necesario para que la madre y el hijo de la joven asesinada puedan adquirir una vivienda propia, reciban atención psicológica y puedan reconstruir su proyecto de vida.
Además, se solicitó al Poder Legislativo del estado hacer las reformas necesarias para homologar la definición de órdenes y medidas de protección en el estado.
El día que Vanesa fue asesinada por su esposo, Irwin Emanuel Ramírez Barajas, fue abatido por un escolta del Fiscal del estado, quien se encontraba en una reunión con el gobernador.
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afcl