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León.— A 14 meses de que policías estatales abatieran a un joven migrante que se encontraba de visita en San Miguel de Allende, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) concluyó que su muerte se derivó del uso excesivo de la fuerza empleada por los oficiales.
Estableció que la Fiscalía General del Estado (FGE) negó el acceso a la justicia a la familia del joven, luego de que agentes del Ministerio Público que conocieron el caso no procedieron en contra de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) implicados.
Leonardo Reyes Cayente, de 23 años y residente estadounidense, había regresado a su tierra natal, Corralejo de Abajo, para pasar las vacaciones decembrinas con su familia materna. La noche del 12 de diciembre salió en busca de señal para su celular y, al regreso, elementos de las FSPE le dispararon.
Al escuchar las detonaciones, vecinos acudieron al lugar y afirmaron haber visto que policías rodeaban la camioneta en la que Leonardo se encontraba herido, y que manipularon la escena del crimen. En aquella ocasión, la comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophía Huett López, aseguró que los policías actuaron dentro de los protocolos, “en el marco de uso de fuerza y al estar ante un ataque letal, respondieron con fuerza letal”.
Agregó que el joven migrante disparó contra los elementos de la FSPE y éstos repelieron la agresión.
La PDHEG integró un expediente de queja en el que ayer emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, y a la FGE, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre, por “violación al derecho a la vida y de acceso a la justicia del joven migrante”, así como un acuerdo a la Secretaría General del Gobierno para reparar el daño.
“Este organismo concluye que los elementos carecen de capacitación para el uso de la fuerza y que, al no estar debidamente instruidos, se traduce que en el día de los hechos hubo una ausencia de mecanismos que garantizaran eficiencia y, por eso, se pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada contra el joven migrante”, concluyó.
Al titular de la SSP le recomendó iniciar un procedimiento administrativo a José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, elementos de las FSPE, con respecto a la violación del derecho a la vida, así como a Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende.
Asimismo, que se brinde atención sicológica, siquiátrica y/o tanatológica a los familiares directos de la víctima, y que la FSPE otorgue garantías de no repetición por las violaciones a derechos humanos.
