Oaxaca de Juárez.— Luego de darse a conocer el caso de Abigail “H”, una joven que apareció muerta en los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz apenas tres horas después de que fue detenida por una falta administrativa, y cuyo deceso fue catalogado como suicidio por las autoridades, se dio a conocer una situación similar en Santa María Huatulco, en la Costa de Oaxaca.
El hecho ocurrió ocho días antes de la muerte de Abigail y la víctima fue identificada como Jaime “H” “O”, quien también falleció mientras estaba en un centro de detención municipal.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Jaime fue detenido el pasado 11 de agosto por elementos de la Policía Municipal de Santa María Huatulco, también debido a una falta administrativa; sin embargo, falleció horas después debido a un golpe en la cabeza.
Ante estos hechos, el organismo autónomo condenó las muertes de Abigail y de Jaime, ocurridas en centros de detención municipales, e inició expedientes de queja para investigar la actuación de la autoridad municipal de Salina Cruz y por lo ocurrido en Santa María Huatulco.
Para la defensoría los espacios de detención de los municipios “son zonas de alto riesgo y violaciones a los derechos humanos”, ya que tan sólo entre enero de 2020 y hasta lo que va de 2022, la DDHPO ha documentado ocho muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la detención de las personas; en ese mismo periodo, la DDHPO ha recibido 474 quejas por abuso policial en toda la entidad.
En el caso de Abigail, quien apareció muerta apenas tres horas más tarde de su detención, familiares han denunciado que la joven de 30 años fue golpeada por los policías municipales, quienes le ocasionaron la muerte, aunque las autoridades municipales dijeron que fue un suicidio.
Por estos dos casos que ocurrieron con una semana de diferencia, la DDHPO requirió a las autoridades municipales de ambas localidades informes sobre lo ocurrido, además de solicitar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que investigue ambos casos, en el de Salina Cruz, con perspectiva de género.
La Defensoría de los Derechos Humanos reiteró que se mantiene vigilante de que las actuaciones se inscriban a los estándares de derechos humanos.
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