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Las más de 2.7 millones de personas deportadas anualmente bajo la figura del Título 42, la falta de funcionalidad de la aplicación CBP One para generar una cita, más las políticas del gobierno de México carentes de empatía y el hacinamiento, son el caldo de cultivo que detonó la tragedia donde murieron 38 migrantes, en un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así lo consideran expertos en migración, quienes alertaron que al igual como ocurrió en la zona norte del país, los albergues del área limítrofe sur y del centro “son una olla de presión” ante cualquier eventualidad, pues no se cuenta con los protocolos de atención y protección a la vida de las personas en situación de movilidad, ya que esos sitios son provisionales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Eunice Rendón, experta en prevención y seguridad migratoria, dijo que de acuerdo con números de la sede del INM en Ciudad Juárez, el estado alberga a más de 12 mil migrantes en hogares provisionales, por lo que “un incidente de esta magnitud era sólo cuestión de tiempo, pues el gobierno mexicano se encuentra rebasado frente al amplio volumen de recepción de deportados de Estados Unidos”.
Expuso que gran parte de la responsabilidad de este incidente la tienen las políticas migratorias de Estados Unidos, las cuales no han sido actualizadas desde la pandemia, pues permiten que personas de ocho diferentes nacionalidades sean deportadas a México sin analizar sus casos, sólo con la presunción de que su salud es una amenaza para el país.
A la par, en México el asunto se salió de las manos de las autoridades migratorias que al verse rebasadas tienen poca o nula posibilidad de ofrecer a los migrantes estancia legal en el país.
“Seguimos evidenciando la falta de protocolos y el gobierno mexicano es responsable, particularmente al INM, por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros”, afirmó Alejandra Macías, directora ejecutiva de Asylum Access México.
El especialista detalló que las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos son la falta de información y resolución efectiva de los casos de las personas que están detenidas y que permanecen ahí por semanas o meses, hecho que deriva en desesperación de los migrantes.
“Es muy grave porque las personas estaban bajo custodia del INM en un centro de detención para migrantes y no un albergue como refiere el Presidente y las autoridades”, aseguró e insistió en que se trata de un caso de negligencia, ya que Asylum Access recientemente documentó casos de hacinamiento y testimonios de violaciones a los derechos humanos en estaciones migratorias.
Las especialistas aseguran que si bien los migrantes provocaron el incendio, es injusto señalarlos y criminalizarlos como lo hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
A su vez, Rubén Figueroa, activista y vocero de la Caravana de Madres Centroamericanas, lamentó esta nueva tragedia federal y dijo que si los migrantes están bajo custodia del INM, son esas autoridades las que tienen la responsabilidad y quienes tienen que garantizar la integridad física y la vida de esas personas.
“Se tiene que investigar si este lugar, esos centros que funcionan como cárceles migratorias, tienen establecidas rutas o salidas de emergencia en caso de un siniestro. De no ser así, existe una responsabilidad mayor de los funcionarios del INM”, subrayó.
