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Cuernavaca, Mor.- El interno que murió en la disolución de una protesta contra mandos del penal estatal de Atlacholoaya, por actos de corrupción, tenía un sólo disparo de arma de fuego en el abdomen, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano.
Admitió que inicialmente el cuerpo de custodios realizó disparos de salva para desarticular el motín en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), Morelos, pero no logró su objetivo y fue necesario utilizar sus armas de cargo.
En el penal, las Personas Privadas de la Libertad (PPL´s) recogieron casquillos de armas cortas calibre 9 milímetros y largas, calibre 2.21., que presuntamente fueron disparadas por elementos de la Policía Morelos.
En su conferencia semanal, la gobernadora Margarita González Saravia expresó que su administración trabaja para erradicar la corrupción en los centros penitenciarios de la entidad, e instruyó al titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia a combatir cualquier acto que afecte a las Personas Privadas de la Libertad (PPL).
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“Hay dos líneas que vamos a seguir en los penales, por una parte, combatir al cien por ciento la corrupción interna, y segundo, humanizar estos espacios”, afirmó la jefa del Poder Ejecutivo.
En su turno el secretario Urrutia Lozano afirmó que corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones para saber quién disparó contra el interno que falleció en el hospital general José G. Parres.
El interno fallecido fue identificado como José Guillermo “N” de 42 años de edad y purgaban condena de 30 años por el delito de violación agravada. Su cadáver fue entregado a sus familiares el domingo en el municipio de Cuautla, oriente del estado.
Urrutia Lozano habló del motín en el Cereso Morelos registrado el sábado pasado, cuyo disturbio fue compartido en redes sociales por los PPL´s a través de sus teléfonos móviles.
De acuerdo con familiares de los internos, los mandos del penal les permitían usar sus teléfonos desde las 9:00 de la mañana y a las 18:00 horas se los quitaban por una mensualidad de 3 mil pesos. El secretario de Seguridad admitió que el sistema penitenciario de Morelos estaba corrompido en muchos sentidos, porque los mandos permitían el cobro de todos los servicios.
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Dijo que los principales mandos del sistema penitenciario fueron cesados y prometió que en el proceso de entrega-recepción analizarán la situación de cada uno de ellos y de ser necesario darán parte al Ministerio Público.
Urrutia Lozano enumeró las deficiencias y urgencias del sistema penitenciario en Morelos. Dijo que cuentan únicamente con el 30% de cámaras para realizar un sistema de videovigilancia con grabación de imágenes. Todo parece indicar, dijo, que en la pasada administración las desconectaron.
Para despejar cualquier duda sobre las condiciones de los penales y cárceles distritales de Morelos, solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revisar las calificaciones de los centros penitenciarios, porque consideran que las condiciones deplorables, falta de seguridad para los custodios e internos, y una sobrepoblación, son factores que incumplen con una calificación positiva.
Otro problema es que los salarios de los mandos penitenciarios son bajos y eso dificulta contratar personal capacitado para asumir las acciones de trabajo.
Sobre el nuevo centro penitenciario que les dejó la administración anterior, el secretario de Seguridad afirmó que no lo utilizarán hasta verificar e inventariar si lo que fue entregado por la Federación realmente está en ese centro.
“El sistema penitenciario no acaba de un día a otro. Ya lo dijo la gobernadora no somos Rambos ni superhéroes; tenemos que tener personal capacitado y de nuevo ingreso para hacer frente a toda esta serie graves delitos y de corrupción”, expuso.
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