México es uno de los países más peligrosos en el mundo para defender la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos. Aquí defender la vida cuesta precisamene eso. Así lo revelan organizaciones nacionales y extranjeras.
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Por ejemplo, Global Witness señala en el informe Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo, que “en los últimos 10 años, México se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”.
En tanto, la organización Causa Común, en su Galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios 2022, reporta que entre enero y octubre de este año han sido asesinados por lo menos 15 defensores de derechos; es decir, personas que promueven y/o protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales y sexuales.
Cada organismo tiene diferentes cifras, pero para todos es evidente que la impunidad está presente en estos crímenes.
Este año además se han encendido las alertas por el alto número de crímenes contra mujeres buscadoras, que ante la impunidad y fallas en el sistema de procuración de justicia, tienen que salir con sus propios recursos a buscar a sus seres queridos víctimas de desaparición, en un país que registró, tan sólo este año, al menos 18 mil 274 reportes por personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
De 2019 a la fecha, han matado a ocho mujeres que buscaban a los suyos. Cinco de estos homicidios ocurrieron este año y activistas han denunciado recibir amenazas, como Ceci Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Oaxaca, la impunidad elevada
En los últimos cuatro años, en Oaxaca han sido asesinados 34 defensoras y defensores comunitarios, del territorio y de derechos humanos, crímenes que en su mayoría permanecen como casos sin resolver y en consecuencia, están en la impunidad.
“En ninguno de estos asesinatos ha habido un avance en materia de justicia, no hay detenidos y la procuración de justicia en términos de los defensores y defensoras es nula”, declara Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), organización que promueve la justicia y la equidad en la sociedad oaxaqueña.
Con estas cifras, Oaxaca es la entidad del país con el mayor número de personas defensoras asesinadas y también con la cifra más alta de agresiones contra activistas, según los informes presentados por Educa y el Comité Cerezo, entre otras organizaciones y asociaciones civiles.
Educa informó que el número de defensores asesinados en Oaxaca sólo este año es de cinco. El año más letal fue 2021, donde se cometieron 14 homicidios de defensoras y defensores.
Para Marcos Leyva Madrid, son varios los factores que han provocado esta violencia contra los defensores de derechos humanos, del territorio y comunitarios en la entidad.
El primero de ellos, explica, está relacionado con una cuestión estructural, en la que hay una “enorme impunidad” resultado de la política caciquil, que todavía existe o se mantiene en muchos lugares de Oaxaca.
“A ello suma la falta de una Fiscalía General de Oaxaca que sí asuma su tarea de investigar este tipo de acciones contra defensoras y defensores”, señala.
Otro de los factores , dice, es el tema de los megaproyectos, como es la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), los proyectos mineros y las presas hidroeléctricas, que están impactando en las comunidades en materia de violencia hacia los defensores y defensoras del territorio.
“Esas perspectivas o situaciones se van conjuntando y van creando un clima que no ayuda a que los defensores y defensoras realicen su trabajo, sino al contrario, permite que sean hostigados, perseguidos, difamados y hasta asesinados”, asegura.
El director de Educa afirma que desde las prácticas gubernamentales hay una acción sistemática de no garantizar los derechos humanos. El activista acusa que en ninguna de las dependencias o instancias de la administración pública hay un compromiso efectivo para garantizar los derechos humanos, lo cual se refleja en sus políticas públicas o en sus programas sociales.
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Algunas de las voces que apagaron
Filogonio Martínez Merino fue uno de los últimos activistas en ser asesinados en Oaxaca, el 26 de octubre pasado. Además de cumplir con un periodo como comisario ejidal de Paso de la Reyna, también defendió durante 15 años el Río Verde contra el proyecto hidroeléctrico que lleva el nombre de la comunidad.
Un día después del asesinato de Filogonio, el 27 de octubre, también fue asesinado Jesús Manuel García Martínez, activista y comunero zapoteca, opositor a las obras del CIIT, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
Un crimen que conmocionó a la sociedad fue el de la abogada Cecilia Monzón, a quien el 21 de mayo pasado le dispararon cuando circulaba en su camioneta. El crimen ocurrió en Puebla; Cecilia era activista contra la violencia de género y familiar.
A ella se suma el caso de Esmeralda Gallardo, integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos y quien fue asesinada la madrugada del 4 de octubre pasado, también en Puebla.
A principios del año, también fue asesinada otra activista miembro de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, Ana Luisa Garduño Juárez, defensora de derechos humanos. La mataron el 27 de enero en Morelos.
El 10 de diciembre fue asesinado el defensor de los bosques y coordinador p’urhépecha de la Ronda Comunal de Ocumicho, Pedro Pascual Cruz.
Tras este crimen, la comunidad p’urhépecha emitió un comunicado en el que indicó: “Solicitamos una reunión con el gobierno estatal para reiterar nuestra urgente petición de que se nos otorgue seguridad (...) Queremos garantías a nuestra vida, es momento de mostrar la congruencia de los discursos a favor de los pueblos indígenas. O ¿de qué lado están, qué intereses defienden? ¿Nuestra vida no vale nada para ustedes?”.