Cuernavaca.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) solicitó a la Comisión de Búsqueda del estado incorporar a su base de datos la desaparición de su compañero José Ramón García Gómez , considerado el primer desparecido político del sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) tras su lucha política contra el fraude electoral.
El objetivo, dijo José Martínez Cruz, fundador de la CIDH Morelos, es que la Comisión de Búsqueda retome el caso de su compañero, entonces miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y realice todas las actividades conducentes a lograr el esclarecimiento de su paradero, conocer la verdad de lo ocurrido, obtener la justicia largamente pospuesta y sentar las bases para que se apliquen políticas que garanticen que no haya repetición de casos de desaparición forzada cometida por elementos del Estado.
Martínez recordó que José Ramón García Gómez fue detenido de forma ilegal el 16 de diciembre de 1988, en el municipio de Cuautla , por policías que formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces gobernador, Antonio Riva Palacio López.
Los tres fallecieron, pero nunca se logró la justicia por la desaparición de José Ramón García Gómez, apuntó Martínez Cruz.
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También precisó que actualmente quedan dos detenidos en el penal de Atlacholoaya, quienes no han sido sentenciados por el delito de desaparición forzada, por lo que hasta la fecha el caso permanece en la impunidad.
“Es por ello que no podemos permitir que casos como el de la desaparición de José Ramón queden en el olvido, ya que dicho delito es considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Su caso debe ser incorporado, ya que nunca se ha localizado y de acuerdo al mandato que tiene la Comisión de Búsqueda, debe dar cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, dijo.
Citando la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, subrayó que una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En este sentido pidió abrir una investigación histórica sobre la desaparición forzada en Morelos, lo que significaría “la forma de reconocer que a 32 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales”.
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Recordó que durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, en la década de los 90, se encontró una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, al oriente del estado, donde se hallaron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia.
Ellas lucharon siguiendo el ejemplo de Rosario Ibarra y las Doñas del Comité Eureka desde los años 70 y actualmente encabezan más de 70 colectivos de familiares que hacen brigadas de búsqueda de sus familiares desaparecidos en todo el país.
Estas acciones de búsqueda han puesto en evidencia la existencia de miles de fosas clandestinas y fosas comunes utilizadas por autoridades para enterrar cadáveres sin respetar protocolos de identificación forense, como en Tetelcingo y Jojutla, en Morelos.
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