Oaxaca de Juárez.– La Compañía Minera Cuzcatlán , filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, a la que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le negó un nuevo permiso para regularizar la situación de 75 construcciones de su complejo en la comunidad de San José del Progreso, en los Valles Centrales de Oaxaca , presentó un recurso de revisión para que su solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) , vuelva a ser evaluada.
Ayer, integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informó el falló y recordó que desde septiembre de 2020 exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, pues “desde hace diez años, Fortuna Silver Mines ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca”.
La solicitud de una nueva MIA por parte de la minera canadiense que opera en Oaxaca se dio el pasado 7 de julio de 2020, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al complejo San José II y detectó edificaciones que no respetaban la autorización ambiental original, que data de 2009, por lo que le impuso una sanción administrativa.
De acuerdo con el fallo de Semarnat a la solicitud de la nueva autorización ambiental, el documento entregado por la compañía minera “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
Al respecto la minera aseguró en un comunicado que “está plenamente convencida de la solidez técnica y ambiental de su expediente de regularización San José II” y que tiene “toda la disposición para trabajar con la autoridad para atender cualquier aclaración necesaria”.
Lee también:
Sobre el recurso de revisión que presentó exponiendo las razones por las que consideramos que la MIA San José II puede ser evaluada en una segunda oportunidad, la empresa aseguró que en sus más de 15 años de presencia en Oaxaca, “se ha regido bajo un pleno apego a la ley y cumpliendo puntualmente con sus obligaciones fiscales, regulatorias, laborales, ambientales, en las actividades que realiza tanto en San José del Progreso, como en otros municipios aledaños”.
Esto dado que la Semarnat consideró una evaluación de impacto y riesgo ambiental es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto, y en consecuencia, "su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio”, por lo que resolvió negar el permiso ambiental ya que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.
Según la minera la presentación del recurso de revisión se trata de una manera para proteger sus derechos y los de mil 200 hombres y mujeres de Oaxaca que emplean en sus actividades. Y aseguró que beneficia anualmente con más de 600 millones de pesos a su área de influencia, a través de “salarios bien remunerados, contratación de servicios, prestaciones sociales y convenios con las comunidades en diferentes rubros como: educación, cultura, salud (incluyendo Covid-19), nutrición, proyectos productivos e infraestructura social”.
La minera puntualizó también que la mayoría del agua que ocupa proviene de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Ocotlán de Morelos y de la captación de lluvia, por lo que no explota ningún pozo ni vierte aguas residuales, dado que cuenta con “un ciclo cerrado de cero descargas”.
Ante ello se dijo objeto de una “continua campaña difamatoria de grupos opositores” y rechazó las acusaciones sobre afectaciones a la salud, derivadas de su operación, las cuales, dijo, carecen de evidencia y sustento científico y se dijo con disposición de dialogar y colaborar con la comunidad de Magdalena Ocotlán, “a fin de atender las dudas y preocupaciones que pudieran tener entorno a su operación minera”.
afcl/rmlgv
